El Poder Judicial anunció hace pocos días que la Sala III liderará una reforma al Código Procesal Penal, vigente desde 1998, con el objetivo de adaptarlo a una criminalidad organizada, transnacional y cada vez más tecnológica. El magistrado Gerardo Alfaro, encargado de conducir el proceso, fijó un plazo de nueve meses para entregar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.
El diagnóstico que ofrece es acertado. Tenemos un Código diseñado para un país que servía como ruta de tránsito de drogas hace tres décadas, pero hoy la normativa se encuentra desfasada ante un cambio de circunstancias con carteles que han establecido conexiones locales, así como con ciberdelitos y el uso de inteligencia artificial en la comisión de hechos ilícitos.
No cabe duda de que Costa Rica necesita procedimientos penales más ágiles, aunque eso precisamente fue lo que se dijo que se lograría en 1998, y los resultados están a la vista. La reforma, tal como se ha planteado hasta ahora, corre el riesgo de convertirse en un nuevo ejercicio de ingeniería normativa sin sustento material, como sucedió, por ejemplo, con la Reforma Procesal Laboral o la Ley de Cobro Judicial, y eso la condenaría a la irrelevancia práctica.
El propio magistrado Alfaro advirtió sin miramientos de que un procedimiento más eficiente será insuficiente si no viene acompañado de más investigadores, jueces, fiscales, tecnología e infraestructura. El alto juez mencionó que el Poder Judicial ya “hace mucho con poco” y que ahora deberá “hacer más con todavía menos”. Esa frase debería ser el punto de partida de cualquier discusión seria sobre esta iniciativa, porque revela la tensión de fondo a la que estamos más que acostumbrados: se les pide a las instituciones que se modernicen en el papel, mientras que el financiamiento se contrae año con año en la práctica.
Los números respaldan la advertencia. En su presupuesto para el 2026, presentado ante la Comisión de Asuntos Hacendarios bajo el principio de austeridad que exige el Ministerio de Hacienda, el propio Poder Judicial estimó en más de 1.300 las plazas requeridas solo para fortalecer los despachos penales, con un costo cercano a los ¢44.000 millones. A esto se suman los puestos necesarios para implementar la reforma de prueba anticipada en delitos sexuales, para custodios del OIJ y para la nueva jurisdicción especializada en pueblos indígenas. Ninguna de esas plazas fue aprobada como parte de un plan de expansión. La contradicción es evidente: no se puede pedir simultáneamente austeridad presupuestaria y una justicia penal más veloz y tecnológica.
Esta tensión ocurre además en medio de un choque prolongado entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en el que el gobierno ha cuestionado reiteradamente la eficiencia de la justicia sin comprometerse a girar los recursos que permitirían mejorarla. Ese pulso político ha dificultado el avance de reformas estructurales justo cuando la inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los costarricenses. Reformar el Código sin resolver esa disputa es afilar un machete sin dárselo a quien debe usarlo.
El magistrado Alfaro fue enfático en que la reforma que propondrán no tocará los principios fundamentales del proceso penal, ni la presunción de inocencia, ni la carga de la prueba, ni ningún otro pilar constitucional. Este anuncio da tranquilidad de que el Poder Judicial no pretende ceder a los cantos de sirena del populismo penal, porque agilizar los procesos no exige desmontar el garantismo; exige, más bien, dotar de recursos a quienes deben aplicarlo. Pero puede ser que la propuesta choque con la realidad de que el oficialismo reina en Cuesta de Moras, y si se mantiene su discurso de que nada que provenga del Judicial sirve, la iniciativa sería una víctima más del fuego cruzado entre poderes públicos.
El plazo de nueve meses para presentar la reforma es ambicioso, pero a partir de su presentación se inicia el verdadero reto de su discusión y eventual aprobación. Sin embargo, el riesgo no es que el proyecto demore en presentarse al Congreso, sino que se apruebe vacío de presupuesto. Un Código Procesal más moderno, sin fiscales, ni peritos, ni investigadores suficientes para aplicarlo, no acelerará la justicia; solo trasladará el cuello de botella de una etapa del proceso a otra.
Costa Rica no necesita solamente un Código nuevo; necesita que el Estado respalde con recursos concretos la reforma que su propio Poder Judicial reconoce como urgente. La discusión legislativa debería medir el proyecto no solo por su corrección técnica, sino por el financiamiento que lo acompañe. De lo contrario, aunque la reforma pueda prosperar, el país correrá el riesgo de celebrar una nueva normativa que, en la práctica, no rinda frutos.