Una fuerte reacción contra el exceso de comisiones legislativas se afianza en el Congreso apenas iniciada la legislatura. La queja es contra grupos de trabajo establecidos desde hace tiempo, muchos de los cuales están arraigados en la práctica legislativa por fuerza de la reiteración.
Además de las seis comisiones permanentes ordinarias establecidas por el reglamento, hay otros 15 foros llamados “permanentes especiales” creados por norma reglamentaria.
A este grupo pertenecen comisiones tan arraigadas y necesarias como las de Control de Ingreso y Gasto Públicos, Seguridad y Narcotráfico y Consultas de Constitucionalidad. Por último, hay 11 foros regionales y temáticos.
Con más de una treintena de comisiones, los legisladores apenas tienen tiempo para atender otras tareas y confiesan la imposibilidad de desempeñarse con diligencia en los foros de discusión en los que fueron nombrados.
La queja por la “comisionitis”, para emplear el término acuñado por Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, está bien fundada y el consenso sobre la necesidad de una reforma es amplio.
En buena hora se haga el cambio, pero ojalá la preocupación no desaparezca con él. Una y otra vez la Asamblea Legislativa cae en la tentación de crear comisiones para cosechar réditos políticos o salir de una situación apremiante.
Si las comisiones establecidas constituyen un exceso, ¿para qué fundar nuevas que, en el mejor de los casos, duplican esfuerzos del Ministerio Público y otras entidades sin gozar de los instrumentos de investigación idóneos?
El ridículo de la comisión investigadora del narcotráfico, cuyas conclusiones quedaron desacreditadas por la realidad pocas semanas después de ser rendidas, es un ejemplo inmejorable.
¿Valió la pena el espectáculo cuando uno de los integrantes del grupo admitió que “nunca cumplió su cometido y todos aprovecharon la oportunidad para denigrar a su adversario y llevar agua para su molino? “Pudimos haber hecho más”, reconoció.
¿Cuánto perdió el país cuando la Asamblea Legislativa del cuatrienio anterior rechazó, a menos de una semana de juramentada, en mayo del 2018, una moción para investigar la sentencia que reconoció a un nadador el pago de un exorbitante premio económico por su victoria en una competencia de poca importancia?
El premiado es hermano de la ministra de Deportes de la administración Solís y esa circunstancia añadía interés político.
La comisión perdió viabilidad cuando la fracción liberacionista notó que el premio y sus excesos fueron creados en una administración verdiblanca. Además, el reclamo judicial del nadador fue planteado antes del nombramiento de su hermana, se fundaba en la ley y fue resuelto por los tribunales. No obstante, el intento ejemplifica el grado de banalidad hasta donde es posible descender en una materia tan seria.
La función de control político asignada al Congreso es indispensable; sin embargo, debe estar reservada para los grandes temas de política pública y los casos más calificados de corrupción, cuando exista una expectativa razonable de que la Asamblea Legislativa pueda hacer aportes significativos —aparte de los conseguidos por organismos especializados—, tenga la posibilidad de esclarecer la dimensión política del caso o se fije el objetivo de legislar a partir de lo sucedido.
La tendencia a comenzar investigaciones sin objetivos claros, aprovechando la oportunidad de lucimiento político o desprestigio del adversario, erosiona la credibilidad del control político.
Ojalá la rebelión de los actuales legisladores contra la “comisionitis” sirva, también, para evitar tentaciones politiqueras en el futuro.
