EscucharPuntarenas se ha convertido en el epicentro de una emergencia social que no puede seguir siendo ignorada. La Nación hizo público que esta provincia lidera tres tasas funestas en Costa Rica: intentos de suicidio, violencia intrafamiliar y depresión, un reflejo fiel de la pobreza, la exclusión y el abandono institucional.
En el 2024, la provincia registró 112,3 intentos de suicidio por cada 100.000 habitantes, una cifra muy superior al promedio nacional, de 77,2. Pero el infortunio no termina ahí. La violencia doméstica alcanzó 748,41 denuncias por cada 100.000 habitantes, casi el doble de la media del país (434,04). En Coto Brus, uno de los cantones más golpeados, la tasa fue de 2.284. Y en Limoncito, un distrito de ese cantón, el número llegó a 3.657.
La depresión, silenciosa y devastadora, también echó raíces en esta provincia que presenta la mayor tasa del país, con 279 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional, que es de 192. En Montes de Oro, el cantón más afectado, esa cifra se dispara a 606,8. Las principales víctimas son mujeres jefas de hogar, muchas de ellas excluidas del sistema educativo y atrapadas en círculos de violencia y pobreza.
Este drama tiene múltiples causas. Puntarenas afronta altos índices de desempleo y bajo desarrollo humano, además de serias deficiencias en infraestructura educativa, acceso a becas, servicios de salud mental, atención a la deserción escolar, prevención de embarazos adolescentes y contención ante la creciente influencia del crimen organizado. En ese contexto, la desesperanza germina con facilidad y empuja a muchos a decisiones desesperadas.
Varias personas consultadas para el reportaje que se publicó en La Nación el pasado 17 de marzo, brindaron puntos de vista valiosos para comprender esta crisis y lograr que la provincia salga de tan trágico abismo.
En palabras de la epidemióloga Marcela López Bolaños, del Ministerio de Salud, “la salud mental no es un componente aislado. La seguridad ciudadana, el trabajo, vivir libres de violencia o no, influyen. Puntarenas es una provincia con índices de pobreza grandes, desempleo, mucha violencia. Todo esto suma para que la salud mental se vea afectada”.
La psicóloga Ingrid Arias Trejos también dio su explicación. “La deserción escolar y colegial son mayores. Debido a la condición económica de las familias, los jóvenes se ven obligados a trabajar para que las familias sustenten sus necesidades básicas. Hay una prolongación de la pobreza y de menores oportunidades”, declaró a este diario.
Con una crisis social de tan alarmantes consecuencias, la respuesta del Gobierno y del Ministerio de Salud debe ser contundente y articulada. No bastan las buenas intenciones, sino acciones concretas. Primero, es indispensable un estudio epidemiológico serio y profundo que permita identificar con claridad las dinámicas sociales, culturales y económicas que están empujando a estas comunidades al límite, tal como lo aconsejó Marianella Monge Fallas, del Colegio de Profesionales en Psicología. Este esfuerzo requiere recursos que solo el Ministerio de Salud y la Asamblea Legislativa pueden garantizar.
En segundo lugar, las soluciones deben surgir desde las propias comunidades. Es vital empoderar a líderes locales, formarlos, apoyarlos con recursos y delegarles la tarea de ser agentes de cambio, como lo recomendó Ana María Jurado Solórzano, docente e investigadora de la UCR que ha estudiado de cerca el tema de Puntarenas. La intervención externa puede ser útil, pero no es sostenible si no involucra a quienes viven y entienden la realidad de cada pueblo.
Un ejemplo digno de imitación se encuentra en Coto Brus, donde se conformó un Comité Local de Atención Inmediata y Seguimiento a Casos de Alto Riesgo de Femicidio (CLAIS). Este grupo de trabajo interinstitucional atiende de forma inmediata situaciones en que peligra la vida o integridad de las mujeres. En el comité participan los juzgados, las fiscalías, la Fuerza Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres. También reciben acompañamiento del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Es una iniciativa que merece aplauso, sin embargo, aún hace falta una red sólida de apoyo emocional con presencia constante y accesible. Las universidades, las iglesias y las asociaciones comunales también pueden jugar un papel clave. Allí es donde se vuelve fundamental involucrar a los líderes comunales.
Por último, se requieren políticas públicas que ataquen la raíz del problema: la exclusión. El desarrollo debe llegar con educación inclusiva, acceso digital y oportunidades reales para los ciudadanos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reveló cuán grave es la pobreza en la región Brunca, donde alcanza al 30,6% de la población, mientras que en el Pacífico Central afecta al 24,5%, frente al 18% promedio nacional.
El desempleo también es crítico: en el Pacífico central llega a 10,8%, la tasa más alta de las cinco regiones en las que está dividido el país –la media nacional es de 7,3%–. Tanto problema social es tierra fértil para la penetración del narcotráfico, el cual disparó la tasa de homicidios en la provincia a 29,1 por cada 100.000 habitantes, casi el doble de la media nacional (16,6). Es evidente que tantos asesinatos e inseguridad inciden directamente en los intentos de suicidio, la violencia intrafamiliar y la depresión.
La salud mental no es un tema menor ni puede tratarse como un asunto secundario, porque es el espejo de una sociedad. En Puntarenas hacen falta voluntad política, recursos y una intervención sostenida que ponga a las personas en el centro. Cada intento de suicidio, cada denuncia por violencia o cada diagnóstico de depresión encierran una historia de abandono. Y el abandono, cuando se vuelve sistemático, deja de ser descuido y se convierte en injusticia.
