22 febrero, 2020

La prensa libre e independiente es piedra angular de la democracia. Sin ella no hay garantía para las demás libertades. La represión del periodismo en los regímenes autoritarios es consecuencia y demostración de su incompatibilidad con la tiranía. Tan importantes son las libertades de expresión y prensa que merecen protección aun cuando se ejercen con excusable exceso.

Así lo reconocieron los jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos cuando fallaron el caso New York Times Co. vs. Sullivan en 1964. La sentencia estableció la doctrina de la real malicia, cuya benéfica influencia se diseminó por todo el mundo. En aras de promover un robusto debate público, la sentencia pide tolerar el error cuando en su difusión no medie conocimiento de la falsedad o temerario menosprecio de la verdad.

Tan dañina como el error no reconocido es la denuncia hueca, construida a partir de hechos hilvanados a capricho para dar la impresión de irregularidad o despertar sospecha.

Pero lo dicho no impide reconocer el efecto dañino del periodismo descarriado. En momentos de dificultades fiscales, cuando los ciudadanos tenemos derecho a exigir austeridad a cambio de los sacrificios impuestos por la legislación de ajuste, la creación de 37.000 plazas en el gobierno no es una noticia ligera. Exige confirmación más allá de toda duda.

El dato es falso, pero levantó un polvorín en la Asamblea Legislativa e indignación entre la ciudadanía. Para más enojo, una “información” explicaba que la recaudación del IVA se destinó, en parte, a pagar la planilla de nuevos burócratas. El origen del error se identifica con facilidad. La noticia se funda en datos de la encuesta de empleo del INEC, que no está diseñada para reflejar cambios en la burocracia estatal.

El error se torna comprensible, aunque sigue en el misterio la fuente de donde se extrajo la información sobre el uso del IVA para pagar la “nueva planilla”. No obstante, la falta de cuidado es notable. En menos de dos años de gobierno, el número superaría en mucho el crecimiento de la planilla estatal en el período 2006-2010, el más criticado por ese motivo en lo que va del siglo. El descomunal aumento difícilmente se pudo haber dado sin que nadie lo notara. Esas reflexiones habrían aconsejado pausa e investigación adicional.

La Nación ha cometido errores a lo largo de los años, muchos atribuibles a descuidos y malas interpretaciones. Es nuestra obligación reconocer su potencial dañino y adoptar la política de enmendarlos con tanta rapidez y claridad como sea posible, incluida la disculpa cuando es debida.

Pero tan dañina como el error no reconocido es la denuncia hueca, construida a partir de hechos hilvanados a capricho para dar la impresión de irregularidad o despertar sospecha. ¿Cómo puede un ministro comprar una casa de ¢376 millones si su salario es de ¢1,6 millones más complementos? ¿Por qué pagó menos del precio anunciado para otras casas en venta en la urbanización? Para más inri, el terreno fue desarrollado por una familia que algún día tuvo un 0,5 % de participación en la empresa propietaria de este diario, lo cual no se deja de mencionar una y otra vez sin explicar su relevancia para el caso.

La sucesión de absurdos da risa, pero existe un buen número de personas propensas a creer cuanto se escribe e incapaces de descubrir la trama detrás de los “datos” convenientemente hilvanados. El mensaje subyacente no podría ser más claro: quienes nos piden sacrificios fiscales son incapaces de cumplir sus obligaciones tributarias y su comportamiento es, cuando menos, sospechoso.

Otro tanto podría decirse de exhibir como incumplidos a los diputados con cualquier participación en una persona jurídica, aunque no sean apoderados y aunque la falta sea el impago del timbre de educación y cultura impuesto a las sociedades. La altísima moral llama a reclamarles responsabilidad por su sola presencia en la sociedad, no importa en qué condición, porque el hecho de estar conlleva la obligación de asegurarse del pago timbre. El rigor del examen tampoco se atempera por la escasa cuantía. La conclusión para el lector incauto es que la mayoría del Congreso está conformada por sinvergüenzas.

Pieza por pieza, ese tipo de periodismo y esa clase de denuncias construyen una narrativa oscura que, a fuerza de reiteración, deslegitima las instituciones y alienta el cinismo frente a la democracia. La utilidad del periodismo está estrechamente vinculada con su papel de perro guardián y su vocación de denuncia, pero no cumplimos esa vocación cuando denunciamos cualquier cosa, inventamos cosas que denunciar o barremos los errores bajo la alfombra.