En medio de las críticas al plan del Ministerio de Educación Pública (MEP) para nivelar a escolares y colegiales víctimas de las huelgas del 2018 y 2019, además de la pandemia, es necesario destacar el consenso sobre la urgencia de recuperar el año de clases perdido, la voluntad de iniciar esa labor cuanto antes y el deseo de participar a los principales actores y expertos de la planificación de las respuestas.
La estrategia propuesta para reparar el daño fue planeada para los próximos cuatro años, pero no sobrevivirá sin cambios. Las observaciones de los expertos consultados comienzan por señalar la indefinición del rezago educativo y abarcan dudas sobre financiamiento, medición de resultados, rendición de cuentas, supervisión y falta de especificidad de las propuestas.
Las críticas vienen del Programa Estado de la Nación (PEN), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes y el área de educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Todos fueron invitados por el MEP a evaluar el Plan Integral de Nivelación Académica (PINA).
Según el Estado de la Nación, en los años de huelga y pandemia “se abordó menos del 50% de los contenidos estipulados en los programas de estudio de Español para primero y segundo ciclo del MEP”, pero la propuesta no precisa cómo se repondrán esos contenidos, ni tampoco los de Matemáticas.
El propósito fundamental del plan es llenar los vacíos de conocimiento de niños incorporados a preescolar en el 2018, cuya graduación de primaria está prevista para el 2025, y los matriculados en cuarto grado ese mismo año, cuyos estudios de secundaria también concluirán en el 2025.
El propósito no puede ser abandonado. Las debilidades señaladas en el proceso de consulta deben ser aprovechadas para fortalecer el plan y, quizá, el Ministerio consiga la participación activa de los críticos en el esfuerzo de rediseño, especialmente en aspectos en los cuales las soluciones parecen menos obvias. La incorporación de previsiones sobre evaluación y rendición de cuentas, por ejemplo, parece menos compleja que la definición de una estrategia pedagógica para cerrar las brechas en el aprendizaje.
Esa definición la echó de menos María Loreto, especialista en educación del BID. Es el punto central del esfuerzo e involucra revisión y ajuste de programas, orientación a los educadores y otros elementos de importancia. En palabras de los expertos del Estado de La Nación, no basta con señalar la intención de cumplir los programas de estudios completos de todas las materias, sin mencionar explícitamente la atención especial requerida por los aprendizajes más perjudicados durante los ciclos lectivos afectados.
El Ministerio debió poner mayor cuidado al diseño del plan. Algunas carencias son elementales, pero hizo bien en procurar la crítica externa. Ahora es necesario aprovecharla. Una vía es la incorporación de los críticos al rediseño, como acabamos de sugerir. El abandono de toda autocomplacencia es otro elemento indispensable.
Por eso, preocupa la reacción de la viceministra María Alexandra Ulate al llamado a cuidar los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para evitar una repetición de lo sucedido después de la huelga de educadores del 2018, cuando el MEP anunció el propósito de reponer las lecciones perdidas, pero nunca se conocieron los resultados. “Si los docentes les dieron un aprobado a los alumnos, es porque lograron el mínimo”, dijo la viceministra. Todo depende de cuánto es el mínimo.