EscucharPor petición de la ministra Anna Katharina Müller, el Consejo Superior de Educación tomó una decisión que implicará un grave retroceso en el proceso educativo de nuestros jóvenes y, por tanto, tendrá nefastas consecuencias. Sin fundamentarse en ningún estudio riguroso ni criterios profesionales, opiniones expertas o valoraciones objetivas, decidió eliminar el Programa de Estudio de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, puesto en práctica en 2012 y revisado cinco años después.
Es posible que su aplicación, hasta ahora, haya tenido defectos específicos o que algunos docentes carezcan de todas las destrezas necesarias para asumir la tarea. No sería de extrañar. Lo mismo sucede con otros programas o materias, y ninguno ha sido eliminado. Lo que procede, en tales casos, es realizar los ajustes y procesos de capacitación para mejorar los resultados.
La ministra Müller, en cambio, optó por la supresión. Peor aún, carece de un plan alternativo plenamente sustentado, estructurado y consensuado. Lo único que ha dicho, mediante un breve comunicado, es que los estudiantes “seguirán recibiendo educación esencial para su desarrollo integral” en aspectos como “la reproducción humana, la prevención de embarazos adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual”. Pero el nuevo plan, con objetivos, contenidos y niveles, no aparece por ninguna parte.
No sorprende. Casi tres años después, tampoco se han dado a conocer los componentes y planteamientos sustantivos de la “ruta de la educación”, anunciada a inicios de este gobierno; tampoco se ha puesto en marcha un adecuado sustituto del programa de informática educativa, eliminado tras la injustificada ruptura del contrato entre el Ministerio de Educación (MEP) y la Fundación Omar Dengo. Sobre la enseñanza de la afectividad y sexualidad, no podemos decir que haya sido perfecta. Sin embargo, su orientación general ha sido adecuada y en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Ha contemplado no solo las dimensiones biológicas u orgánicas de las relaciones sexuales o la reproducción, sino también el respeto, la responsabilidad, la higiene, las relaciones impropias, la prevención, la diversidad de orientaciones sexuales, el afecto, el cariño o el amor.
Su orientación ha sido un abordaje multidimensional, desde una perspectiva de derechos y deberes mutuos en las relaciones de pareja. De este modo, ha contribuido a reforzar el control, la autoestima y la capacidad de discernimiento de los jóvenes en un ámbito tan esencial para su crecimiento y su vida. Son aspectos que difícilmente se enseñan en el hogar, por lo que el sistema educativo tiene el deber de llenar el vacío.
Un indicio fundamental del positivo impacto de este programa de estudios es la drástica reducción en los nacimientos de madres adolescentes, de un 19 %, cuando arrancó en 2012, hasta un 9 % en 2023. No implica, necesariamente, una relación de causalidad; sin embargo, la correlación es muy robusta, y también se relaciona con las iniciativas preventivas puestas en marcha por la Caja Costarricense de Seguro Social y la ley sobre relaciones impropias de 2016.
Echar por la borda lo que se ha avanzado atribuyendo a sus contenidos “sesgos ideológicos” o “formación erótica” es inaceptable, peor aún si no existe un plan B listo para poner en práctica. Por desgracia, esta decisión, claramente oscurantista, no es un acto aislado. Forma parte de lo que, a todas luces, se perfila como un proceso de erosión deliberado y sistemático de la educación pública, en medio de una gran opacidad.
Deliberado, porque es la única forma de explicar las perjudiciales decisiones tomadas desde el comienzo de esta administración. Sistemático, porque se percibe una línea de acción que no es posible atribuir a simples ocurrencias aleatorias. Opacidad, porque una de las características de la gestión desarrollada por la ministra Müller es retener información y negarse a rendir cuentas.
En síntesis, se añade un eslabón más a la cadena de distorsiones, desaciertos y retrocesos educativos en que nos hemos sumergido como sociedad. Al igual que ha ocurrido con otros golpes, los principales afectados son los jóvenes, sus oportunidades de formación y su futuro como personas productivas, balanceadas y satisfechas. De ahí el rechazo que merece esta medida.
