Por si fuera poco la captura institucional, persecuciones y cárcel para los opositores, la eliminación de organizaciones civiles y la instauración del clientelismo como forma de generar lealtades, el dictador Daniel Ortega adoptó una iniciativa sumamente riesgosa para la estabilidad regional y amenazante para Costa Rica. Se trata de la autorización para que tropas y otros efectivos militares rusos entren a Nicaragua, utilicen sus puertos y aeropuertos y realicen maniobras con sus pares del país.
Por ahora, se trata solo de un decreto que abre esa posibilidad. Fue publicado el 7 de este mes y avalado el martes por la Asamblea Nacional, controlada por Ortega. Además, no solo se refiere a Rusia; también abre la posibilidad para el ingreso de personal y equipos de otros países: los del norte de Centroamérica, México, Cuba, Venezuela y Estados Unidos. Y debe tomarse en cuenta que cada seis meses se emiten autorizaciones de índole similar. En vista de lo anterior, podría pensarse que tiene poca trascendencia: un simple acto de rutina. Sin embargo, va mucho más allá y resulta sumamente grave, por tres razones fundamentales.
La primera es que el permiso para el posible ingreso de “tropas y sus equipos” de los demás países, con apenas uno o dos párrafos en cada caso, está limitado a “fines humanitarios” y misiones de adiestramiento e intercambio de experiencias. Más aún, difícilmente alguno de ellos tendrá interés, o capacidad, para desplegar efectivos en Nicaragua. A los rusos, en cambio, se les dedican seis párrafos del decreto, con propósitos que van mucho más allá de los contemplados en el resto. Incluyen la posibilidad de que ingresen, de forma rotativa, 80 “efectivos militares, naves y aeronaves” rusas para participar en “ejercicios de adiestramiento” con un comando de operaciones especiales del Ejército nicaragüense y 50 más para realizar operativos conjuntos con sus fuerzas navales y aéreas, “en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional”. Es decir, una presencia permanente de tropas y equipos.
La segunda razón de gravedad es el momento en que se producen estas autorizaciones tan amplias. Ante el apoyo de las grandes democracias a Ucrania para defenderse de la invasión dispuesta por el autócrata Vladímir Putin, el régimen de Moscú busca utilizar toda oportunidad que tenga para desafiar intereses geopolíticos de sus adversarios. Nicaragua puede ser un terreno propicio, lo cual incrementará las tensiones en nuestra zona.
El tercer elemento es que no estamos ante un hecho aislado en las relaciones militares entre ambos países. Por ejemplo, el 17 de febrero pasado, apenas una semana antes de la agresión contra Ucrania, el vice primer ministro ruso, Yuri Borísov, visitó Managua, se reunió con Ortega y declaró que, por encargo de Putin, parte de su misión era explorar las posibilidades de mayor cooperación con Nicaragua, incluida “la militar y la tecnológica”.
En el 2008, el régimen nicaragüense fue uno de los pocos que apoyó la anexión a Rusia de los territorios georgianos de Abjasia y Osetia del Sur (a los que otorgó reconocimiento diplomático) y en el 2014 la de Crimea. Dos años después, Moscú anunció el envío del primer lote de tanques de guerra T-72B, valorados en $80 millones. Antes, le había entregado 12 sistemas de defensa antiaérea. A lo anterior se añade el financiamiento de un centro de entrenamiento militar, presuntamente para luchar contra el narcotráfico, pero que opera con un manto de secretismo.
Todo lo anterior revela que las relaciones políticas y militares ruso-nicaragüenses son de larga y profunda data. Sumadas al aventurerismo y desdén de Ortega por las normas y compromisos internacionales, el decreto adquiere una dimensión de extrema gravedad. Aunque no fuera implementado, el hecho de que incluya autorizaciones tan amplias evidencia las implicaciones que podría tener su aplicación.
Hace bien nuestro gobierno en haber manifestado su preocupación ante el hecho. Lo que debe seguir, ahora, es una estrecha coordinación internacional, en particular de Estados Unidos y otros que pueden ejercer presiones e imponer límites a Ortega, para que su peligrosa iniciativa no llegue a sus extremos posibles ni quede impune. Su régimen es una dictadura; en el pasado ha generado tensiones artificiales con Costa Rica para desviar la atención de la situación interna. Las posibilidades de que se produzcan nuevos intentos de esa índole o trate de chantajear a los estadounidenses con la cooperación rusa son tangibles. Debemos tomarlas con extrema seriedad.
El dictador Daniel Ortega adoptó una iniciativa sumamente riesgosa para la estabilidad regional y amenazante para Costa Rica. (AFP)
