Nuestro sistema de justicia tiene ante sí un nuevo y enorme desafío. Se trata de las primeras solicitudes planteadas por un país extranjero –en este caso, Estados Unidos– para la extradición de tres costarricenses, a raíz de la novísima reforma constitucional que la autoriza si existen fundadas razones sobre su presunta vinculación con la delincuencia transnacional organizada o el terrorismo.
Se suma a otro caso también sin precedentes. Nos referimos a la solicitud formulada a inicios de mes por la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa, para levantar el “fuero de improcedibilidad penal” (inmunidad) del presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, que abrió una ruta jurídica hasta ahora no transitada en nuestra historia. La gravedad de los hechos achacados por la Fiscalía, más otros que podrán añadirse, de sobra ameritaban emprenderla. A esto nos referimos en un reciente editorial, que la destacó como ejemplo de nuestra solidez democrática y Estado de derecho.
El caso de Chaves y Rodríguez se tramita mediante un procedimiento de vieja data en la Constitución y las leyes, aunque nunca activado. La nueva prueba el Poder Judicial es estrenar la norma que eliminó la veda total existente hasta entonces para extraditar nacionales. Su aprobación era necesaria y urgente, particularmente por los enormes embates del narcotráfico. Ahora deberá ser puesta en práctica, lo cual implica una enorme responsabilidad, y también un gran desafío, para los operadores de justicia y nuestro entramado legal en general.
Ante un reto de esa magnitud, lo que se impone es tramitar los tres casos con gran rigor técnico y jurídico, sin concesiones indebidas, pero también con apego al debido proceso. De esto dependerá no solo la llegada a buen término de las solicitudes planteadas, sino también la consolidación del nuevo recurso para luchar contra el narcotráfico internacional y sus raíces locales.
Por la seriedad de los cargos y su carácter inédito, las tres gestiones son de enorme relevancia. Sin embargo, su trascendencia es particularmente alta en relación con Celso Gamboa, sobre todo por los relevantes cargos públicos que ocupó en el pasado: viceministro y ministro de Seguridad Pública, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), fiscal general adjunto y magistrado de la Sala Tercera (penal). A esto se añaden sus posibles redes de influencia y los presuntos vínculos que, según declaró en audios obtenidos por la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos), ha mantenido con personas vinculadas al actual gobierno.
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La acusación contra Gamboa fue presentada el miércoles ante un tribunal de Texas, y también involucra a uno de los otros dos extraditables: Edwin López Vega, conocido como Pecho de Rata. El tercero, Jonathan Álvarez Alfaro, enfrenta otros cargos. Todos permanecen en prisión preventiva, mientras se tramitan las solicitudes que los afectan, según los procedimientos establecidos por la Ley de Extradición y la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Tribunal Penal de San José, representado por el juez William Serrano Baby, es el encargado de analizar y resolver las solicitudes, en un plazo de 60 días. Su decisión podrá ser apelada ante el Tribunal Superior del mismo circuito, y lo que este disponga deberá ejecutarse.
Gamboa y su abogado han enarbolado algunos argumentos sin sustento para tratar de deslegitimar el proceso. Además, como parte del derecho a la defensa y el principio de inocencia que asiste a cualquier inculpado, han emprendido varias acciones destinadas a frenarlo o, al menos, ralentizarlo. Entre ellas, están una solicitud de inconstitucionalidad contra la reforma, la exigencia de recusación del juez Serrano y el pedido para ser trasladado desde las celdas de alta seguridad de La Reforma a un centro de atención integral, por presuntos problemas de salud. Todas han sido desestimadas, con válidas razones.
Otra situación que podría complicar la marcha de las gestiones de extradición son tres juicios que Gamboa tiene pendientes, fijados para el 22 de este mes, el 30 de enero y 6 de marzo del próximo año. La Fiscalía, sin embargo, podría prescindir de estas acusaciones por razones de oportunidad y, así, permitir que se acelere el proceso.
Es necesario evitar, por todos los medios, la demora innecesaria de los trámites. Sin embargo, también deberá cumplirse al pie de la letra con la normativa que los regula y analizar cuidadosamente las pruebas que presenten las autoridades estadounidenses, para garantizar que cumplan con los estándares que requiere la legislación nacional.
No se debe aceptar demoras sin razones, ni quemar etapas, ni actuar con una rapidez que debilite el rigor. De este conjunto depende que la oportunidad abierta por la reforma constitucional pase incólume su primera gran prueba. Nuestra seguridad lo requiere.
