El 7 de noviembre los nicaragüenses serán convocados a votar en elecciones carentes de garantías democráticas, sin condiciones mínimas para promover la sana competencia por el poder. A falta de acontecimientos inesperados, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se perpetuará en el control del aparato estatal, no solo la presidencia, porque las demás instituciones renunciaron, hace rato, a desempeñar el papel asignado a cada una por el diseño republicano.
Para lograrlo, la dictadura emprendió la erosión de los obstáculos en su camino, comenzando por el más formidable: la libertad de prensa. La más reciente burla contra el periodismo independiente fue la apertura de oficinas del Ministerio de Salud en las sedes de los diarios Confidencial y 100% Noticias, confiscadas ilícitamente en diciembre del 2018 por policías armados, sin mediar trámite judicial.
La intervención de los dos medios —meses después de las protestas reprimidas a balazos por el régimen, sus policías y paramilitares— fue la culminación de un largo proceso de hostigamiento al cual también fueron sometidas otras empresas periodísticas, como el histórico diario La Prensa, víctima de un prolongado bloqueo aduanero para impedirle la importación de papel. Aníbal Toruño, director de radio Darío, cuyas instalaciones en León fueron destruidas el 20 de abril del 2018, ha sufrido tres allanamientos en su residencia este año.
Las agresiones, amenazas, intimidación y vigilancia de periodistas obligan a muchos a tomar el camino del exilio, varios de ellos en nuestro país, donde son acogidos con la tradicional simpatía costarricense por los defensores de la libertad. Algunos, llegados a Costa Rica después de la represión del 2018, regresaron a Nicaragua, con grave riesgo para su libertad e integridad física.
Mientras tanto, el régimen adelantó el proyecto de dotar a la represión de la prensa independiente de una apariencia de legalidad. Aparte de la falta de garantías procesales en los tribunales dominados por los sandinistas, como quedó claro en los procesos por injurias y calumnias promovidos por funcionarios del régimen contra los periodistas Kalúa Salazar, David Quintana y William Aragón, la dictadura creó nuevos delitos.
La Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en octubre del año pasado, impone de dos a cinco años de cárcel a quien divulgue noticias falsas aptas para causar «temor, zozobra o alarma en la población», perjudicar el honor, prestigio y dignidad de otras personas o poner en peligro el orden público o la «seguridad soberana».
Ni siquiera los países democráticos con sistemas judiciales sólidos e independientes ponen en manos de sus jueces el establecimiento de «la verdad» para castigar con tanta severidad a quien se aparte de ella. Ortega y su régimen tienen en esa facultad un mecanismo idóneo para la represión y la imposición de su discurso, con exclusión de los demás, cuando les sea conveniente.
Para complementar la mordaza, los parlamentarios sandinistas también aprobaron la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Toda organización o persona que reciba financiamiento externo está obligada a registrarse como tal y tiene prohibido expresarse sobre asuntos internos del país. Como resulta evidente, la ley impide la operación de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, a menudo dependientes de la cooperación internacional.
El cerco impuesto por el régimen a las libertades públicas, en particular la de expresión, confirma el propósito de celebrar una farsa en noviembre. Esa es razón de más para que la comunidad internacional preste especial atención al proceso y se disponga a denunciar y sancionar a quienes violen la voluntad popular mediante represión y argucias.
