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Con base en uno de los acuerdos tomados en el 2017 por los jefes de Estado y Gobierno integrantes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el régimen de Daniel Ortega emprendió una ofensiva para que una de sus piezas ocupe, durante el cuatrienio que comienza el próximo semestre, la secretaría general del organismo.
Se trata, ni más ni menos, que del principal cargo político-ejecutivo regional. Esto quiere decir que, si se consuma la aspiración, que hasta ahora es apoyada explícitamente por Belice, un representante de la dictadura, que durante las últimas semanas ha cerrado todos los portillos posibles para una elección medianamente democrática en noviembre, será el más connotado representante de Centroamérica y República Dominicana ante el mundo. Es un prospecto alarmante.
Ya el canciller nicaragüense, Denis Moncada, se apresuró a plantear, el martes 22, una terna a su colega costarricense, Rodolfo Solano, en ejercicio de la presidencia temporal del SICA.
La integran un «compañero» y dos «compañeras» sandinistas, cuyos principales méritos son la militancia en ese partido. Se trata del abogado Orlando José Tardencilla, exdiputado nacional y actual diputado al Parlamento Centroamericano; la arquitecta Luz María López, coordinadora de infraestructura en el Caribe norte nicaragüense; y María Amelia Coronel, ministra de Gobernación.
En el punto 6 de la declaración final de la reunión ordinaria celebrada en el 2017, los jefes de Estado y Gobierno acordaron «continuar la rotación geográfica para la Secretaría General del SICA», en la que fue nombrado ese año el expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo.
Establecieron que «de conformidad con los principios de rotación, equidad, proporcionalidad, equilibrio geográfico» y otros, y siguiendo el orden en que se ejerce la presidencia temporal —que a partir del segundo semestre de este año recae en Nicaragua—, la candidatura para sustituir a Cerezo correspondía a este país. De ahí la terna presentada por Moncada, cuyos integrantes deberán someterse a entrevistas.
A simple vista, da la impresión de que la suerte ya está echada y no habrá más remedio que elegir de la terna nicaragüense. Sin embargo, no necesariamente debe ser así, al menos en lo inmediato.
Por una parte, y aunque sería en extremo difícil, las normas establecidas por los jefes de Estado y Gobierno en el 2017 pueden ser enmendadas por ellos mismos en el 2021.
Por otra, las entrevistas se mencionan en el mismo acuerdo como un proceso esencial para determinar la idoneidad de los candidatos, que debería contemplar, entre otras cosas, una visión despolitizada y desvinculada de los intereses de sus respectivos gobiernos.
Los tres propuestos por Ortega, además de sus débiles atestados, provienen directamente de la estructura del poder actual, algo muy distinto, por ejemplo, a lo sucedido con Cerezo, quien mantenía total independencia con respecto a su gobierno.
En nada violentaría la normativa vigente si, en la próxima reunión de jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará en San José, se rechaza a los candidatos y se pide al gobierno de Nicaragua una nueva terna. Esto, por lo menos, es posible que demore el nombramiento y envíe un mensaje a Managua. Otra opción es suspender la elección hasta que se lleven a cabo las elecciones de noviembre.
Cualquier opción distinta a simplemente mantener la inercia, requiere voluntad política entre una mayoría de gobiernos del área. La gran pregunta es cuáles tendrán los principios y la voluntad para actuar contra un nombramiento que sería catastrófico para el sistema. Costa Rica, al menos, debe explorar la posibilidad de evitarlo con los más afines, como Panamá, República Dominicana y, quizá, Guatemala. Además, debería coordinar con gobiernos amigos fuera de la región, para que se sumen discretamente al esfuerzo.
Nada garantiza el éxito de esta iniciativa, pero lo que está de por medio es muy importante y justifica plenamente, al menos, hacer el intento con convicción y buena estrategia.
