La tragedia del colegio de Parkland, Florida, aviva una vez más el debate sobre la venta de armas en los Estados Unidos. Los ríos de dinero de los defensores de las políticas laxas, en especial la Asociación Nacional del Rifle, se estrellan contra la fatiga de una sociedad indignada por el uso de armamento semiautomático para masacrar niños, adolescentes o visitantes de sitios públicos.
El presidente Donald Trump fue blanco del enojo cuando ofreció el pésame a las familias victimizadas sin mencionar el papel de las armas en lo ocurrido. El mandatario atribuyó la masacre a un problema de salud mental, sin duda presente, pero incapaz de producir tamaña tragedia sin ayuda de una potente arma de fuego.
La cuidadosa declaración de Trump, lejos de desviar la atención, desató un vendaval de recriminaciones por las decenas de millones de dólares donados a la campaña republicana por la Asociación Nacional del Rifle y sus aliados. Tampoco sirvió el gastado argumento de que los días posteriores a un homicidio masivo no son apropiados para discutir el cambio de política. Con fingida consideración para las familias de Parkland, una activista republicana reclamó a los “liberales” plantear el tema sin dar un compás de espera para el luto. Una joven estudiante del colegio atacado le salió al paso, indignada, y relató las conmovedoras razones para abrir el debate de inmediato. “Usted no estuvo ahí”, escribió a quien decía estar preocupada por la sensibilidad de familiares y sobrevivientes.
Tampoco pidió compás de espera la madre de una jovencita de 14 años asesinada por las balas del arma legalmente adquirida por el asesino, cuya edad le habría impedido comprar una botella de licor. La mujer dirigió sus gritos de dolor al presidente Trump y a los legisladores para exigirles actuar.
La pregunta planteada en favor del control de armas es difícil de contestar: ¿Por qué un muchacho de 18 años puede adquirir un rifle semiautomático, diseñado para la guerra, pese a su largo historial de trastornos mentales e inclinación a la violencia? Sin embargo, en ausencia de problemas mentales, la primera parte de la pregunta seguiría siendo válida. Incluso, vale la pena formularla sin consideración alguna para la edad del comprador. Una sociedad civilizada no necesita este tipo de armas en sus calles.
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Costa Rica no ha sido víctima de matanzas como las ocurridas en Estados Unidos. Las armas de guerra no se venden en nuestro país con las mismas facilidades, pero no dejan de estar presentes. Son utilizadas por la delincuencia organizada para dirimir sus diferencias, especialmente las surgidas del narcotráfico. No obstante, la tasa de homicidios supera 12 por 100.000 habitantes y está convertida en epidemia según las definiciones de la Organización Mundial para la Salud. Una cantidad desproporcionada de esos homicidios es perpetrada con armas de fuego. Conviene detener el paso para meditar sobre el fenómeno y la posibilidad de controlar mejor la posesión y portación de armas de fuego.
El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, ha manifestado preocupación por el problema. Las autoridades procuran mejorar la información sobre las armas utilizadas por las empresas de seguridad privadas y ejercen controles más estrictos sobre la concesión de permisos de portación. Como bien dice el ministro, en nuestro país no existe el argumento de raigambre constitucional que figura con prominencia en el debate norteamericano. El control de armas es una buena idea en ambos países, por razones distintas, pero fáciles de comprobar en la práctica.
