EscucharLo que un observador pudo interpretar como una restricción presupuestaria similar a la aplicada en el Ministerio de Justicia, carente de ¢10.000 millones para alimentación, agua y electricidad en las cárceles, es, en realidad, una decisión deliberada del Ministerio de Seguridad Pública que prefirió tener una policía “pequeña y eficiente, y no masiva y fuera de control”, según el jerarca de la cartera, Mario Zamora Cordero.
En consecuencia, no contratarán más policías y, en su lugar, aumentarán los salarios de conformidad con un “sistema de integridad policial”. La mejora salarial para los policías en servicio merece aplauso, pero no queda claro cómo aumentará la eficiencia o garantizará la integridad al punto de ser esas cualidades suficientes para combatir la ola de delincuencia sin aumentar el número de oficiales.
Tampoco queda claro cómo se incrementa la eficiencia mientras disminuyen los recursos para equipamiento esencial, como la compra y reparación de vehículos. Vale citar de nuevo el dato mencionado en días recientes: el 39 % de las patrullas están fuera de servicio y solo el 34 % de todos los vehículos terrestres asignados al Ministerio están en condiciones de operar.
En síntesis, tendremos el mismo número de policías, mejor pagados, pero peor equipados, y de alguna forma serán más eficientes e íntegros. Es difícil creer en tanto avance a partir de un aumento salarial. Tampoco sabemos el monto, pero en vista de las restricciones presupuestarias, impuestas a diestra y siniestra, sorprendería si no fuese modesto.
Pero las declaraciones del ministro se tornan abiertamente contradictorias cuando reflexiona sobre la cantidad de policías necesarios para enfrentar la delincuencia. Todo depende de la criminalidad, explicó. Cuando se incrementaron los homicidios en Limón, el Ministerio trasladó 150 policías a la zona, y hoy hay 26 asesinatos menos que en la misma fecha del 2023. “Entonces, yo diría, a ojo de buen cubero, que más o menos 150 policías faltaban en Limón para lograr el punto de equilibrio. Si eso no hubiera resultado suficiente, hubiéramos tenido que meter 100 más. Entonces hubiera dado el dato: para Limón necesitamos no 150, sino 250. Es un escenario de prueba y error”.
Pese a la reducción de los homicidios en Limón, la provincia todavía sufre una tasa desmedida en comparación con todas las demás. A la fecha, hubo 139 asesinatos y esa cifra está muy lejos de ser un “punto de equilibrio”. Según el razonamiento del propio Zamora, hacen falta muchos policías más en Limón.
Por otra parte, el ministro confesó estar obligado a “vestir santos desvistiendo otros” porque, para enviar 150 policías a una zona conflictiva, debe sacarlos de otros pueblos o ciudades y estar atento para no perder el control en las comunidades donde se reduce la presencia de oficiales.
En otras palabras, todavía faltan policías en Limón y, en algunas partes del país, se echa de menos a 150 policías ya trasladados a esa provincia. No queda claro cómo se solventará el problema con los mismos 15.000 oficiales aunque vayan a estar mejor pagados, pero no bien equipados.
Según el proyecto de presupuesto del 2025, habrá 16.278 plazas, incluidas 300 agregadas por los diputados. En el 2019 y el 2020, el Ministerio dispuso de 16.600 plazas. En cualquier caso, Zamora explica que una cosa es tener una plaza y otra muy distinta es llenarla. En la actualidad, hay 15.000 oficiales en planilla y no piensan contratar más.
Las declaraciones contrastan con una información de The New York Times, publicada el 15 de setiembre, según la cual el ministro abogaba por ampliar la fuerza policial y, para eso, contaba con un aumento del presupuesto. En las circunstancias actuales, ¿es mucho pedir más policías con mayor eficiencia?
