La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), adscrita al Ministerio de la Presidencia, es un riesgo constante para los derechos civiles y las libertades individuales. En muchos gobiernos se ha abusado de ella, pero en ninguno se habían justificado los excesos tan abiertamente como en el actual.
La DIS, dice Jorge Rodríguez Vives, ministro de Comunicación, puede ser utilizada para “entender” la filtración a la prensa de una orden girada en el Consejo de Gobierno. Ese entendimiento, claro está, implica descubrir de dónde salió la información, es decir, investigar su origen, y como la fuente solo puede ser humana, el escrutinio se practica, sin salvaguardas, sobre personas con derechos protegidos por la ley.
El rodeo para llegar a esa conclusión parece absurdo, pero es la mejor forma de exponer el sinsentido de recurrir a la palabra “entender” para justificar el uso irregular de la DIS. El blanco de las investigaciones habrían sido el propio gabinete y los asesores más cercanos al despacho presidencial.
Aparte de la necesidad de “entender” quién divulgó la información, el ministro invocó la razón de ser del cuerpo policial: “Hay temas de seguridad nacional que están cubiertos por la DIS”, afirmó. Pero la información filtrada se refería a la orden de no pautar publicidad en Canal 7, La Nación, CRHoy.com y el programa radiofónico Nuestra voz, además de no dar entrevistas a Amelia Rueda, del programa Nuestra voz, ni a Vilma Ibarra, de Hablando claro.
La divulgación de esa orden incomodó al gobierno por muy buenas razones. Manipular el gasto estatal para castigar o presionar a los medios de comunicación es una maniobra antidemocrática, contraria a la libertad de expresión y violatoria de principios expresos del ordenamiento jurídico nacional y del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Pero no importa cuánta molestia causó en la Casa Presidencial, la filtración no guarda relación alguna con la seguridad nacional, y la intervención de la DIS no debió ser contemplada. Por el contrario, el público estaba en todo su derecho de conocer la desviación del gobierno, y quien la haya dado a conocer merece protección, no persecución de un organismo creado con finalidades muy distintas.
Ningún otro cuerpo policial se prestaría para eso, simple y sencillamente porque no hubo delito y la filtración más bien desenmascaró un ilícito. ¿Cuál sería entonces el fundamento legal para violar la privacidad de ministros y asesores de la presidencia? Pero la DIS es una entidad a las órdenes del Poder Ejecutivo, y cuando se consideró la posibilidad de asignarle la investigación de la fuga, ya existía un precedente, establecido poco después de inaugurado el gobierno.
El 10 de mayo del 2022, la entidad recibió instrucciones de revisar los celulares de varios ministros y funcionarios de la Casa Presidencial. En aquel momento, el riesgo para la “seguridad nacional” era la divulgación del debate sobre las medidas que se tomarían en relación con la vacunación contra la covid-19, pese a que el 8 de mayo se celebró la firma de un supuesto decreto para impedir el despido de los no vacunados. El decreto no estaba redactado cuando el presidente Rodrigo Chaves y su ministra de Salud Joselyn Chacón lo “firmaron”. Una vez más, la filtración, dio a conocer una anomalía.
La DIS no existe para suprimir la divulgación de información de interés público ni encubrir ilícitos. Tampoco para vulnerar los derechos de los funcionarios. La existencia de una policía política en nuestro país es un motivo de preocupación recurrente desde la Guerra Fría, pasando por el caso Astur en la administración Figueres Olsen y el espionaje a sindicalistas durante el debate sobre el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, entre otros casos. Es hora de poner coto a los excesos. Otros países lo han logrado sin renunciar a la recopilación de inteligencia ni a la protección de la verdadera seguridad nacional.
