En meses y semanas recientes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público, la Policía de Control de Drogas y otros cuerpos policiales han propinado resonantes golpes a la delincuencia organizada. Han desarticulado poderosas bandas, roto sus cadenas de mando, capturado connotados cabecillas, apresado a operadores y cómplices de múltiples rangos, y aportado elementos esenciales para los procesos de extradición.
Los casos que mencionamos, y otros más, revelan un “portafolio” diversificado, pero a menudo integrado, de actividades que trascienden la producción, el trasiego y la distribución de marihuana, cocaína o heroína.
Drogas sintéticas cada vez más potentes, mortíferas y fáciles de producir y trasegar. Minería ilegal y tráfico de oro. Contrabando de cigarrillos y licores. Robo de combustibles. Inversiones inmobiliarias. Compra y venta de ganado. Préstamos gota a gota. Lotería clandestina. Estos son los principales elementos de su corrosiva oferta, con frecuencia interconectados.
Tan o más corrosivos son los esfuerzos, a menudo exitosos, para relacionarse con altos círculos de poder y, desde allí, facilitar sus tareas delictivas. Abordan a los funcionarios mediante halagos, obsequios, financiamiento político o personal y ofertas de negocios. De esto hemos tenido ejemplos en las últimas semanas.
Las modalidades operativas también se han transformado. En el pasado, era frecuente la integración “vertical” de los carteles, con un control que comenzaba con la producción y terminaba con la venta al detalle en los barrios. Hoy son más frecuentes la modularidad, la diversificación y la especialización de tareas. Sus servicios se venden a compradores diversos. Abarcan desde el acceso a sicarios hasta, como en el caso Leviatán, la venta de servicios de logística para el paso de drogas por APM Terminals, en Moín.
A esto se suma el uso de tecnologías avanzadas, desde inteligencia artificial hasta drones; la formación de empresas pantalla para encubrir las actividades ilícitas y las ofertas de servicios legales por firmas que, a la vez, trabajan en la economía formal.
En una reciente entrevista con La Nación, el fiscal general, Carlo Díaz, se refirió a dos fases en la lucha contra el crimen organizado. Una, que estimó “prácticamente concluida” –y ojalá tenga razón– “era atacar a ciertos líderes, a ciertos narcotraficantes” con influencia nacional e internacional. La segunda involucra a “los narcos invisibles”. Los definió como personas que “aparentemente mantienen sus negocios lícitos”, pero su origen capital proviene del narcotráfico. Algunas “son de renombre e influencia” y “tienen muchos contactos en las instituciones”.
Huelga decir que, para abordar con posibilidades de éxito las nuevas modalidades y etapas del combate a la delincuencia organizada, no solo se requieren competencia, rigor, organización, buenas estrategias y eficaces tácticas. De ello han hecho gala el OIJ, el Ministerio Público y varios estamentos de la Fuerza Pública. Pero de poco servirán si no existen recursos para contar con adecuados equipos, contratar y retener personal, pagar viáticos y mejorar la capacitación.
Todo esto está en riesgo, debido a los drásticos recortes en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y los que se pretenden aplicar en lo que resta de 2026. Sabemos que existen severas limitaciones fiscales, muchas de las cuales, por cierto, pudieron evitarse. Pero su administración debe emprenderse desde un adecuado orden de prioridades. En nuestra coyuntura actual, la seguridad ciudadana es clave, aunque no única, por supuesto.
El Poder Ejecutivo se niega a entenderlo. ¿Lo entenderá la fracción oficialista, en la que recaerá la responsabilidad de votar las propuestas? Tenemos serias dudas, pero aún están a tiempo para rectificar.
