El presidente Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, no cesa en sus intentos por controlar las instituciones de México. Su blanco predilecto en este momento es la Corte Suprema de Justicia porque, en ejercicio de su mandato como poder independiente, frena algunas peligrosas iniciativas del Ejecutivo y su mayoría legislativa, claramente violatorias de la Constitución. Su propósito final es someter ese órgano al control político, una tarea en extremo difícil, pero que demuestra su desdén por la democracia y el Estado de derecho, que son partes de una sola unidad.
La más reciente arremetida se produjo el martes 9, como reacción a un fallo de ese órgano el día anterior, que invalidó dos reformas legales encaminadas a facilitar la interferencia del gobierno y sus funcionarios en las campañas políticas. Ambas formaban parte de un llamado “plan B” de reformas a la dinámica de las elecciones y, particularmente, reducir la independencia y capacidad de acción del Instituto Nacional Electoral (INE).
Se le conoce como B, porque inicialmente AMLO pretendió introducir cambios aún más drásticos mediante una reforma constitucional, pero fracasó en su intento. Como respuesta, impulsó un paquete de seis leyes. Las dos anuladas ya habían entrado en vigor, pero las cuatro restantes aún deben completar su proceso legislativo.
En una votación contundente, de nueve contra dos, los magistrados (conocidos como “ministros” en México) dictaminaron que la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados —Morena, partido de AMLO y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo— incurrió en violaciones graves al debido proceso al tramitar y aprobar las reformas. Entre las irregularidades estuvo impedir una adecuada deliberación entre todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo y que aprobaran en un día reformas cuyo contenido y alcance ni siquiera conocían los legisladores del gobierno.
La reacción de AMLO, en su conferencia de prensa matutina del día siguiente, fue típica de su perfil: un populista con tintes autocráticos que, sin embargo, debe someterse a frenos institucionales. Con temerario desdén por la separación de poderes y la letra misma de la Constitución mexicana, acusó a la Corte de “invadir” funciones del Legislativo, como si este órgano del Estado pudiera actuar a su antojo, mediante la mayoría progobierno, y violentar la legalidad. Además, como ha sido usual cuando enfrenta oposición, denunció a los magistrados por promover los “intereses” del “conservadurismo”, cuando lo que han hecho es cumplir con sus tareas.
Su reacción incluyó también lo que llamó un “plan C”: el pedido a los electores para que en las elecciones del próximo año otorguen a Morena una mayoría legislativa capaz de imponer reformas constitucionales. Entre ellas propuso que los magistrados sean elegidos por voto popular, una distorsión absoluta de los procedimientos necesarios para aislar lo más posible a las autoridades judiciales de los vaivenes político-electorales. Su mezcla de incultura democrática y autoritarismo es en extremo preocupante.
Tal retórica abona a un enmarcado perverso de la discusión pública en México o cualquier otro país: tratar de presentar temas contenciosos de gran calado, en los que el presidente tiene particular interés, como una simplista lucha entre los buenos (él y sus aliados) y los malos (el resto), y de caracterizar a sus adversarios como representantes de los intereses más turbios y, por ende, no merecedores de participar activamente en la vida pública. Al margen quedan entonces los argumentos de fondo y el respeto a los hechos. Y la consecuencia es un deterioro creciente del entorno democrático. Por el momento, su iniciativa legislativa fue frenada, pero sus ímpetus autocráticos, lejos de atemperarse, se han exacerbado ante el fracaso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, no cesa en sus intentos por controlar las instituciones de México.
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