6 agosto, 2018

En un lugar desolado hace 50 años por la erupción del volcán Arenal, hoy crece un barrio habitado por 400 familias, muchas de ellas empleadas por la próspera industria turística de los alrededores. La comunidad de Zeta 13 está a tres kilómetros del coloso y los vecinos apenas piensan en la posibilidad de una reedición de la tragedia sucedida el 29 de julio de 1968. En cambio, los vulcanólogos niegan fundamento a tanta confianza, recuerdan la posibilidad de una actividad volcánica inesperada y advierten de otros peligros no vinculados con una erupción, como los deslizamientos causados por lluvias cada vez más violentas a consecuencia del cambio climático.

Nada de eso detiene el desarrollo en zonas de riesgo. “Hemos perdido el temor a Dios, ¿no se lo vamos a perder a un volcán?”, preguntó Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos, a La Nación. El funcionario está preocupado porque las motivaciones económicas le están pasando por encima a la prudencia y no hay conciencia de los riesgos entre los pobladores.

La zona es ejemplo de la mala prevención en todos los rincones del país, comenzando por la capital. Con la mayor parte de los 82 cantones, San Carlos comparte la falta de un plan regulador. El esfuerzo para promulgarlo tropezó con un recurso de amparo y desde entonces han pasado tres años sin avances. Entre sus disposiciones hay urgentes medidas para impedir la construcción en áreas de riesgo.

Es una carrera contra el tiempo, pero la prevención está perdiendo en un cantón reconocido, a lo largo de los últimos años, como uno de los mejor administrados, según los índices establecidos por la Contraloría General de la República para evaluar a los gobiernos locales. Si los mejores conviven con semejante amenaza y a estas alturas no cuentan con un plan regulador, es fácil entender las deficiencias de los peores.

El Programa Estado de la Nación señaló, en estudios recientes, el bajo número de cantones con planes reguladores actualizados y la falta de planificación del crecimiento de las llamadas “ciudades intermedias”, entre ellas Ciudad Quesada. Las manchas urbanas abarcan con celeridad zonas propensas a inundarse o a sufrir deslizamientos y el embate de otros fenómenos naturales, dicen los estudiosos.

Los planes reguladores deben guiar la concesión de permisos municipales y esos dos elementos, junto con las inspecciones de obras, constituyen instrumentos de prevención indispensables en un país tan propenso a sufrir sismos, inundaciones y deslizamientos. Sin embargo, un estudio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos comprobó el peligrosísimo irrespeto a las normas existentes.

En los primeros diez años de este siglo, unas 300.000 viviendas fueron construidas al margen de la ley y, en algunos cantones, el incumplimiento alcanzó el 60 %, lo cual explica por qué figuran entre los más afectados. Los planes reguladores y la correcta ejecución de permisos e inspecciones deberían impedirnos construir al margen de los ríos, al pie de cerros inestables o, como en San Carlos, en zonas donde ya la naturaleza se hizo sentir y dibujó los confines de su alcance destructivo.

Si en San Carlos se construye en áreas donde el volcán Arenal ya demostró su fuerza, en Upala las zonas proclives a inundarse también poseían edificaciones cuando desató su furia el huracán Otto. Los cantones más afectados por la tormenta ni siquiera habían iniciado el proceso de ordenamiento territorial. Costa Rica está condenada, por su ubicación y topografía, a sufrir golpes de la naturaleza, pero puede aspirar a mitigar el sufrimiento si se decide a aprender del pasado.