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El doble sismo que golpeó Venezuela el pasado 24 de junio, primero con uno de magnitud de 7,2, seguido 39 segundos después de otro de 7,5 dejó, hasta ahora, más de 4.500 muertos y 17.000 heridos, según el último reporte oficial. Mientras, organismos de la ONU estiman en 50.000 el número de desaparecidos debajo de los escombros.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula los daños directos en $6.700 millones, cerca del 6% del PIB venezolano, sin incluir los costos de reconstrucción, que ascenderían hasta en tres veces ese monto.
La escena de Caracas y La Guaira con edificios convertidos en escombros, hospitales evacuados y familias sepultadas bajo concreto mal armado debería producir en Costa Rica algo más que solidaridad y donativos: preguntas duras.
Venezuela no colapsó únicamente por la fuerza telúrica, sino por décadas de corrupción, desinversión y normativas que existían en el papel pero jamás se cumplieron. Costa Rica, en cambio, cuenta con un Código Sísmico técnicamente sólido, actualizado en el 2010 y revisado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Ese es un activo real. Pero convertir esa fortaleza normativa en coartada para la complacencia sería repetir, con otro nombre, el mismo error venezolano.
El Código Sísmico protege lo que se ha construido en la última década, no lo que ya está en pie. Buena parte de las escuelas del MEP, hospitales de la CCSS y oficinas de gobierno fue levantada antes de las normativas vigentes o bajo estándares hoy superados. No se conoce un inventario de cuáles de esas estructuras resistirían un sismo severo. La Gran Área Metropolitana (GAM) concentra cerca de 586.000 edificaciones expuestas, con un costo de reposición estimado en $53.000 millones. Cartago en 1910, Puriscal en 1990 y Cinchona en el 2009 recuerdan que nuestro territorio entero acumula energía sísmica. La geología no distingue entre quienes aplicaron el Código Sísmico y quienes no.
La segunda lección que debemos extraer de estos hechos tiene que ver con la distancia entre los simulacros y las políticas públicas. Cada agosto, el país ejecuta un simulacro nacional de evacuación. Es útil, pero insuficiente. Así como un ejercicio de incendios no sustituye instalar rociadores, un simulacro no reemplaza una política de reforzamiento estructural dotada de un presupuesto y un cronograma. La Comisión Nacional de Emergencias tiene músculo institucional, pero le falta un plan financiado y con plazos verificables para intervenir los edificios públicos más vulnerables. Costa Rica ha sido, hasta ahora, un país excelente para responder a los desastres, pero mediocre para prevenirlos.
Hay una tercera lección que surge de la dureza de los relatos de las últimas semanas en Venezuela: qué ocurre con los cuerpos y con los huérfanos cuando el desastre ya pasó. Allá las morgues colapsaron en días; se habilitaron fosas de emergencia y cientos de cadáveres quedaron sin identificar mientras funerarias privadas cobran sumas impagables a familias que ya lo han perdido todo. Costa Rica no está exenta de ese riesgo. El OIJ atendió los 48 fallecidos de Limón en 1991, cifra ínfima frente a lo que dejaría un sismo severo en la densa GAM. ¿Tendría el Patronato Nacional de la Infancia la capacidad y los protocolos necesarios para la atención de niños huérfanos tras un desastre?
El argumento económico favorece la prevención. Reforzar un hospital o redactar a tiempo un protocolo cuesta una fracción de un eventual caos. El PNUD calcula que el impacto total en Venezuela podría triplicar los daños directos, superando los $20.000 millones en un país que tiene décadas de vivir en crisis. Posponer lo prevenible hasta que se vuelve irremediable es la definición exacta de negligencia.
La lección de Venezuela exige una respuesta en tres niveles. A escala individual, cada familia debería conocer la vulnerabilidad de su vivienda y contar con un plan de emergencia que no se limite a un simulacro anual. A escala colectiva, colegios profesionales, cámaras de la construcción y aseguradoras deben impulsar auditorías estructurales periódicas. A escala estatal, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa deben financiar, con plazos verificables, el reforzamiento de edificios públicos y desarrollar los protocolos forenses y de atención a la niñez ante un desastre mayor.
Una tragedia tan cercana no debería dejarnos solo el asombro de unos días y la solidaridad ante la desgracia de un pueblo hermano. Debería dejarnos, sobre todo, la voluntad política de revisar los edificios, financiar el reforzamiento necesario y desarrollar o actualizar los protocolos pendientes. El llamado alcanza también lo individual: revisar nuestras propias casas y barrios, porque, como dice el refrán, cuando vemos las barbas de nuestro vecino cortar, es momento de poner las nuestras a remojar.
