Hay iniciativas de ley que fracasan, pero las intenciones que las inspiran, no. La llamada “ley jaguar” fracasó en 2024 cuando la Sala Constitucional halló vicios en cuatro de sus artículos que procuraban reformar la Ley Orgánica de la Contraloría. Sin embargo, el propósito de lograr menos control previo sobre las contrataciones con fondos públicos no sucumbió. Tras varias versiones fallidas, la entonces ministra de la Presidencia, Laura Fernández, dijo sin rodeos en una comisión legislativa: “Va a haber los jaguares que tenga que haber”.
Los datos que publicó La Nación este jueves 12 de noviembre muestran que dicho propósito encontró otro cauce. Entre 2023 y el presente mes se adjudicaron ¢741.709 millones mediante procedimientos especiales de contratación. En lo que va de 2026 son ¢316.150 millones, el 40,98% de todo lo adjudicado en el año y más que la totalidad de 2025. La modalidad pasó de ser excepción a ser el mecanismo más utilizado por el sector público.
Las explicaciones institucionales son, en parte, atendibles. La CCSS se lleva una parte importante de estas contrataciones por un régimen legal especial para medicamentos e implementos médico-quirúrgicos, y el AyA lo justifica en necesidades urgentes de abastecimiento. Son razones que merecen análisis, pero el problema es la escala. La urgencia debería ser la excepción, y no la norma, por el riesgo de afectación a la Hacienda Pública, la libre competencia y la equidad entre proveedores.
Estos procedimientos son legales cuando se utilizan para lo que la Ley General de Contratación Pública los prevé: urgencias, inmuebles, tecnología y regímenes propios de entidades que compiten en el mercado. Cerca del 75% del monto de 2026 corresponde al ICE, cuyo régimen diferenciado de contratación fue restituido por la Sala Constitucional en 2024. Desde Presidencia, afirman que no han dado instrucciones sobre qué tipo de procedimiento se debe utilizar, y no hay pruebas de lo contrario.
Pero la legalidad de la vía no responde a la preocupación de fondo, que es dónde queda el control. En estos procedimientos, no caben recursos de objeción al cartel ni de apelación contra la adjudicación, y no se requiere refrendo para ejecutar el contrato, ese control de legalidad que verifica que lo firmado se ajuste a la ley, al cartel y a la oferta.
El competidor que se siente excluido no tiene mecanismos para actuar antes de que el contrato se ejecute, y la verificación de su legalidad, si llega, será después. La lógica de los concursos, desde la perspectiva de los oferentes, es tener la posibilidad de ofertar las mejores condiciones y adjudicarse el contrato, no entrar a impugnar una contratación en curso a efectos de que se resuelva cuando el contrato ya fue ejecutado.
El caso de Bomberos ilustra perfectamente el riesgo. Utilizando la contratación especial, se invitó a un único oferente, y se le adjudicó la compra de 40 ambulancias a un consorcio sin experiencia en este tipo de ventas en el país.
¿Cómo llegó Bomberos a tener conocimiento de que esa empresa podía proveerle las ambulancias si no tiene experiencia en el tema? Es una pregunta que la presidenta ordenó no contestar en conferencia de prensa, pero cuando una de las empresas del grupo adjudicado está vinculada con dos financistas de la campaña de Pueblo Soberano, la indignación presidencial ante la pregunta es una cortina de humo para evadir la respuesta. Un oferente único que aparece sin explicación, sin concurso, sin objeción ni apelación posible, y con vínculos políticos sin explicar, es el escenario por el cual los controles previos se crearon.
La administración anterior intentó reducir por ley las potestades de la Contraloría y tropezó con la Sala Constitucional. La actual presentó el expediente 25.722 que reforma 15 artículos de esa ley orgánica, elimina el control de eficiencia y vuelve a impedir que las investigaciones de la Contraloría suspendan actos y contratos. Mientras tanto, sin reforma alguna, el uso creciente de excepciones produce en la práctica parte del mismo efecto: menos control antes de contratar. Son coincidencias que obligan a pedir cuentas.
Cada contrato adjudicado sin concurso ni fiscalización, aunque sea legal, pone en entredicho las reglas del juego ofrecidas a quien vende al Estado: competir en igualdad de condiciones y bajo el análisis de un órgano técnico que no es parte interesada. Cuando el gasto público se acumula en este tipo de contrataciones, el costo ya no es solo fiscal, sino que es un costo de confianza en el sistema.
El ICE no respondió a este diario las preguntas que se le formularon para transparentar cuánto de los ¢238.455 millones respondió a necesidades reales. El Ejecutivo tampoco explica por qué la vía de excepción se volvió regla. Lo único que nos queda es esperar que la Contraloría audite de oficio los procesos especiales de mayor impacto económico.
Un total de 1.838 adjudicaciones en diez meses no son una excepción, son ya una costumbre. Y las excepciones son peligrosas, si nadie las vigila.