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Nuestro editorial del 14 de enero lamentaba la invisibilidad estadística de un número considerable de muertes causadas por accidentes de tránsito debido a la definición utilizada para llevar la cuenta. Especulábamos sobre la posibilidad de una tragedia mayor al número de homicidios que en el 2023 estableció una triste marca de 907. No obstante, el dato oficial de ese año fue de 517 muertes en carretera.
“Las muertes en carretera equivalen al 57% de los 907 homicidios del año y el porcentaje sería significativamente mayor si la estadística no se restringiera a muertes in situ y contemplara, también, los decesos sobrevenidos a consecuencia del siniestro, fuera del lugar donde ocurrió”, decía el editorial citado.
Un estudio reciente del Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU) da la razón a las especulaciones. Casi la mitad de las muertes por accidentes de tránsito ocurren tiempo después del siniestro, según el análisis de 9.123 muertes atribuibles a siniestros de ese tipo entre el 2012 y el 2023, de acuerdo con datos recopilados de los informes del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y el Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC).
De los decesos examinados, solo el 53,5% (4.915) ocurrió en el lugar del accidente. El 46,5% restante (4.278) sucedió después, a consecuencia de las lesiones sufridas, pero no in situ, por lo cual no engrosó la estadística de muertes en carretera. Si los porcentajes del periodo estudiado fueran similares en el 2023, los accidentes habrían cobrado más vidas que la inusitada ola de homicidios.
Verlo así magnifica el absurdo del descuido en que está sumida la seguridad vial. El sufrimiento y la pérdida de vidas son inestimables. No obstante, el costo económico de los siniestros debería bastar para hacer una inversión mucho mayor en vigilancia humana y electrónica de las carreteras.
Los accidentes de tránsito son un grave problema de salud pública. Los costos de atención de los accidentados pesan sobre las clínicas y hospitales, mientras sufren los ingresos familiares y se afecta la producción. Arturo Steinvorth, coordinador del Área de Movilidad y Transporte Sostenible del CPSU, no exagera cuando recomienda considerar la crisis vial como un tema prioritario y convertir la respuesta en una política de Estado, constante de administración en administración, sin importar quien gobierne.
Pero las muertes son apenas el aspecto más visible de la tragedia. Según el estudio, los costos asociados a la atención de accidentes entre el 2015 y el 2023 superaron los ¢7 billones (millones de millones), porque por cada muerte se producen cuatro heridos graves y 29 lesionados leves que deben incapacitarse entre 6 y 30 días.
Una fracción de esa suma bastaría para instalar vigilancia electrónica en las principales carreteras y dotar a la policía de tránsito de los recursos humanos y materiales requeridos para aplicar la ley a los conductores imprudentes. En ese caso, las multas podrían transformarse en un interesante retorno sobre la inversión.
Los 517 fallecidos in situ hicieron historia el año pasado. Nunca hubo una cifra más alta desde 1994, fecha de los registros más antiguos y por primera vez superamos 500 muertes en carretera. Este año no vamos mucho mejor. El 6 de diciembre, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dio a conocer el número de muertes en el sitio del accidente contabilizadas hasta noviembre. Fueron 440, ocho menos que en el mismo periodo del año pasado. Existe, pues, la probabilidad de concluir el año con resultados muy parecidos. Es hora de detener la tragedia y el sufrimiento, además del desperdicio de recursos.
