La Universidad de Costa Rica (UCR) atraviesa una coyuntura crítica en la que son imprescindibles la transparencia, el compromiso ético y la coherencia con los principios universitarios. Solo así se evitará la erosión de la confianza ciudadana en una de las instituciones mejor valoradas por los costarricenses y pilar de la movilidad social desde su creación, en 1940.
Es necesario advertirlo porque, en las últimas semanas, han sido numerosos los titulares noticiosos de actos cuestionables, al igual que múltiples las voces de académicos, estudiantes, diputados y miembros del Consejo Universitario que reclaman nitidez en las decisiones.
Uno de los primeros hechos fue el 5 de febrero, cuando dos funcionarios de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) fueron detenidos como sospechosos de omitir una inspección adecuada durante la construcción del edificio para el Laboratorio Ciclotrón, un centro trascendental para el diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades como el cáncer. Según el Ministerio Público, las deficiencias detectadas podrían haber generado un pago indebido de $2,4 millones y 5,1 millones de euros.
Quince días después, el 20 de febrero, trascendió que el rector, Carlos Araya Leandro, con apenas mes y medio en el cargo, aprobó un esquema salarial para 22 jefaturas administrativas de confianza, donde 16 salarios llegaban a los ¢4.078.000 y el menor superaba los ¢3,4 millones.
La reacción fue inmediata. Una carta firmada por decenas de estudiantes y académicos denunció que el ajuste carecía de sustento jurídico, técnico y financiero, y advirtió de que “la autonomía universitaria no debe ser instrumentalizada para aprobar incrementos discrecionales y desproporcionados”. A los cinco días, Araya derogó la controvertida resolución R-75-2025.
Mientras la turbulencia crecía, surgieron nuevos señalamientos: informes sobre vicios ocultos en edificios de reciente construcción, la historia de la arquitecta que denunció irregularidades y fue presionada a retractarse, el archivo de un expediente disciplinario y una moción contra el rector que no prosperó gracias a su propio voto.
Como medio de comunicación que ha divulgado estos hechos, reiteramos que el propósito de informar con rigor es fortalecer el sistema universitario público, nunca denigrarlo. El periodismo crítico y responsable cumple la función esencial de defender los intereses ciudadanos, exigir rendición de cuentas y garantizar la actuación transparente de las instituciones.
El verdadero riesgo para la UCR no está en las denuncias, sino en ignorarlas o deslegitimarlas. Las voces críticas dentro de la Universidad no son anónimas ni malintencionadas, sino manifestaciones legítimas de control ciudadano que apuntan a robustecer a una institución invaluable para el país.
Dos miembros del Consejo Universitario, Ilka Treminio Sánchez y Esperanza Tasies Castro, aclararon al rector que no todas las personas que criticaron los ajustes salariales eran anónimas. Treminio también subrayó la necesidad de cuidar las decisiones financieras y de procurar que la Universidad sea noticia por su aporte al desarrollo del país, no por crisis internas generadas por decisiones como la del ajuste salarial.
Por su parte, William Méndez Garita, representante de los colegios profesionales, fue contundente en la sesión del 10 de abril, cuando se debatió un informe sobre deficiencias en la construcción de cuatro edificios financiados con un crédito del Banco Mundial, entre ellos, el del Ciclotrón: “Es mejor la denuncia que el silencio, es mejor la denuncia que la complacencia, la inacción o el compadrazgo”. Recordó, además, que “la autonomía no es sinónimo de impunidad”.
Quienes gobiernan la UCR deben respetar plenamente las competencias de la Oficina de Contraloría Universitaria (OCU) para que sus alertas e investigaciones no se queden en el papel. Resulta preocupante que en 2020, ante un reporte de la OCU por incumplimientos en la construcción del edificio de Nanociencias, Araya, entonces rector interino, decidiera archivar el expediente disciplinario contra un funcionario señalado por presuntas omisiones y se limitara a una simple llamada de atención, como lo reportó este diario. Hoy, la Fiscalía investiga el caso.
También debe aprenderse de lo sucedido con las denuncias de la arquitecta Ana Ulloa Dormond, entonces directora de la OEPI, quien en 2022 advirtió sobre deficiencias graves en edificios financiados por el Banco Mundial. De 18 proyectos, ocho requirieron acciones correctivas y dos ni siquiera estaban en condiciones de operar plenamente. Las autoridades universitarias no atendieron frontalmente las alertas y el sindicato hasta le exigió a Ulloa retractarse.
Tres años después de la denuncia, este 18 de marzo, el Consejo Universitario denunció en la Fiscalía irregularidades en varias de esas obras, como la del Ciclotrón, la Escuela de Artes Musicales, el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas y el Edificio de Aulas y Laboratorios, Sede Regional del Atlántico.
Todos estos hechos nos llevan a concluir que quienes tienen poder de mando en la UCR deben ver en cada denuncia, cada auditoría y cada voz crítica una oportunidad para corregir y fortalecer la institución. El verdadero peligro no está en la exposición pública de los errores, sino en la ceguera ante estos.
