Mes y medio después de asumir como rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro aprobó un nuevo esquema de salarios para jefaturas administrativas que él nombra porque se trata de puestos de confianza de la Rectoría.
Las remuneraciones corresponden a las directores de gestión de vicerrectorías, jefaturas de oficinas administrativas y coordinación o dirección de unidades especiales.
Los sueldos estipulados en la resolución R-75-2025 son los siguientes:
- ¢4.078.421 para 16 directores de oficina. Este sueldo se homologa con el salario de un director de una escuela.
- De ¢4.078.421 para dos directores de vicerrectoría: Gestión de la Vicerrectoría de Investigación y de la Vicerrectoría Acción Social. Este se homologa con el salario de la Dirección de Unidad Académica de Investigación
- De ¢3.625.263 para los dos puestos de Coordinación Unidad de Equidad y Género y Coordinación del Observatorio de Datos. Este se homologa con el sueldo de Coordinación General de Sede.
- De ¢3.398.684 para cuatro puestos de Asesorías Académicas de Rectoría y Direcciones Académicas de Vicerrectoría de Acción Social. Esta remuneración se homologa con la de la Dirección de Departamento o Dirección de Programa de Posgrado.
En entrevista con La Nación, el rector de la UCR comentó que la resolución obedece a un acuerdo del Consejo Universitario del año anterior, producto de la entrada en vigencia del nuevo régimen salarial derivado de la Ley de Empleo Público.
“El Consejo pide homologar los puestos de direcciones de oficinas. Se trata de puestos que la normativa establece como puestos de confianza de la persona que asume la rectoría; esos puestos los asumen personas administrativas o docentes”, explicó Araya.
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Poco después de su conversación con este medio, el rector emitió una circular dirigida a la comunidad universitaria en la que se refirió al tema de estos salarios, alegando que circuló un anónimo en el que se le acusa de generar beneficios salariales para personas próximas a su administración.
Araya dijo que esos señalamientos son “descontextualizados y motivados por una evidente mala fe e intentan lesionar la imagen institucional”.
En entrevista, el rector confirmó que las personas que ocupan esos cargos fueron nombradas por él.
“Son personas trabajadoras de UCR a las que nombré, puede ser que ganaran más o ganaran menos. No había un salario específico para un director en una oficina, dependía del salario compuesto”, detalló.
Alegó que el nuevo salario para esos 22 puestos busca ordenar y establecer topes, independientemente de si quien realiza la labor es administrativo o académico. Según dijo, anteriormente quien ocupaba la Dirección de Registro ganaba ¢500.000 más que el nuevo sueldo, pues antes se pagaba bajo la figura de salario compuesto que estaba determinado por diferentes factores.
Araya también ejemplicó que, en la Dirección del Centro de Informática, antes de la nueva escala se ganaba ¢3.873.347.
“El salario de discordia, en este caso, es el que se establece para direcciones de oficina, que se equiparan con el salario del director de una Escuela, equivalente a ¢4.078.421″, comentó.
Decisión causa molestia
La decisión del rector al parecer causó malestar en un grupo de miembros de la comunidad universitaria, quienes divulgaron una carta abierta en la que señalan su preocupación por la nueva escala salarial para cargos designados por la rectoría que califican está basada “en una débil justificación jurídica, técnica y financiera”.
En la misiva solicitan la derogación inmediata de la resolución R-75-2025 y la anulación de sus efectos.
“Instamos a que, en adelante, se abstenga de emitir disposiciones sin el debido sustento legal, técnico y financiero, ni el cumplimiento de los procedimientos institucionales correspondientes”, dice el documento digital que está abierto para recibir firmas, pero no que tiene la firma de ninguna persona aún.
En la circular en la que explicó su decisión, el rector aseguró que solicitó al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas un estudio comparativo de la escala salarial global administrativa respecto a otras instituciones públicas o entes privados, que permita determinar los eventuales ajustes que se deban realizar para garantizar que estos salarios no se alejen de la realidad del mercado laboral del país.