En noviembre del 2022, la arquitecta Ana Ulloa Dormond, entonces directora de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), reveló que la construcción de edificios universitarios financiados por el Banco Mundial no estaba cerca de una gestión de calidad.
Ante el Consejo Universitario (CU), la arquitecta señaló que, de los 18 edificios, ocho requirieron de acciones remediales en el 2021. Además, para noviembre del 2022, dos de las construcciones no estaban en condiciones de operar, mientras que seis permitían una operación parcial con vicios ocultos. Las restantes diez obras sí estaban en estado funcional.
“En términos de oportunidades de mejora y de gestión de calidad, tener ocho edificaciones con planes remediales dista mucho de estar cerca de una gestión de calidad. ¿Esto qué implica?: reprocesos de diseño e inspección, sobrecostos, impacto de investigaciones, deterioro de equipos no instalados e impacto de captación de fondos económicos por vínculo externo”, señaló Ulloa, quien había asumido el cargo en el 2021.
Tres años después, trascendió que el Consejo Universitario presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en cuatro edificios, luego de que la Fiscalía realizó en febrero un allanamiento y detenciones temporales por el caso del Ciclotrón.
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En un artículo de opinión publicado en febrero por el exrector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta, en el semanario Universidad, el académico afirmó que, en el 2023, la universidad debió invertir cerca de ¢500 millones del presupuesto ordinario “para poner en operación edificios que debieron ser entregados según lo contratado”.
No obstante, advirtió de que, en casos como el del Ciclotrón, se necesitan “$2 millones en correcciones para cumplir con los estándares establecidos en el cartel de contratación original”.
El ciclotrón es un laboratorio que sirve para el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de padecimientos con una alta incidencia en el país, especialmente de cáncer y enfermedades cardiovasculares.
En ese mismo artículo, Gutiérrez reveló que, en mayo del 2024, presentó la denuncia relacionada con este edificio.
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Hasta le exigieron retractarse
Luego de la presentación en la que Ulloa se refirió a los edificios del Banco Mundial en el 2022, el Consejo de la UCR le solicitó una aclaración con motivo de que un funcionario de apellidos Cotter Murillo, quien desde el 2016 fungió como coordinador de la Unidad Ejecutora del Plan de Mejoramiento Institucional (UEPMI) y director de la OEPI, envió una nota al CU pidiendo que se hicieran aclaraciones con respecto a la presentación de funcionaria. La Nación tiene copia de ese documento.
Asimismo, en noviembre de ese mismo año, la seccional de la OEPI del Sindicato de la UCR (Sindeu) fustigó las aseveraciones de la arquitecta Ulloa, a quien le solicitaron retractarse “de sus desafortunadas afirmaciones” y emitir una disculpa pública a los profesionales asociados a las obras de la UCR.
“Sus afirmaciones ante el Consejo Universitario, de ser ciertas, corresponden a delitos, pues demostraría la existencia de corrupción en la ejecución de obra pública así como la mala gestión de los dineros públicos correspondientes a infraestructura de la Universidad de Costa Rica y, más grave aún, que dichos hechos se han venido dando por más de 70 años de existencia de esta oficina, pues no es hasta su llegada que aparentemente, según sus afirmaciones, usted las detecta y propone una oportunidad de mejora”, dice el documento al cual este medio tuvo acceso.
En respuesta a la solicitud del Consejo, la arquitecta Ulloa emitió un oficio (OEPI-1182-2022) en el que profundizó en lo dicho en la sesión del Consejo Universitario.
En el documento, profundizó en las oportunidades de mejora en la gestión de supervisión de obras de infraestructura. Aseguró que, bajo su dirección, la OEPI iba a instaurar diferentes procesos relacionados con mejorar la comunicación con el usuario (quienes estén a cargo del edificio) durante la construcción, un proceso para la solicitud y la atención de defectos, vicios ocultos, daños u otros similares, detectados en los edificios durante el periodo “posventa”, entre otros.
Señaló que estas acciones se fundamentaban en diferentes hallazgos. En el documento, agregó, por ejemplo, extractos de solicitudes y advertencias de los usuarios de los edificios universitarios.
“Se observa que los materiales instalados en el laboratorio no cumplen con los requerimientos indicados en los planos del cartel”, comunicó el Centro de Investigación en Ingeniería de Materiales (CICIMA). Ese fue uno de los casos citados.
La Sede del Atlántico también indicó, sobre su caso: “Dado que este edificio (de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sostenible) tiene un año aproximadamente de haberse recibido, y que tenemos cerca de ocho meses de estar reportando este tipo de situaciones, agradezco nos brinde el apoyo necesario por parte de la oficina a su digno cargo, para solventar estos temas y no caer en la pérdida de garantía por parte de la empresa, y que esto provoque que, en un tiempo cercano, la sede tenga que buscar los recursos para solventar aspectos que se han reportado en correos electrónicos y oficios”.
El documento también reveló lo dicho por la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) con respecto a los procesos de inspección de la OEPI. En una reunión, señaló que había “mucha informalidad en los proyectos de la UCR”, señalando las cancelaciones de última hora de las reuniones de inspección y que las listas de corrección eran llenadas por el mismo contratista.
En el oficio, la arquitecta también presentó una tabla en la que se especificaba el estado de los 18 edificios y los reportes recibidos.
Entre las obras no operativas estaban el edificio para el Centro de Investigaciones en Neurociencias, el edificio para el Ciclotrón PET/CT y el edificio para el INIFAR (Instituto de Investigaciones Farmacéuticas).
La categoría de no operativo se refiere a edificios que no estaban en funcionamiento, debido a que las obras recibidas no alcanzaron los requisitos espaciales o funcionales, necesarios para empezar a operar, precisa el informe.
A ese documento se refirió Gustavo Gutiérrez Espeleta, quien fue rector de la UCR entre enero del 2021 y el 2024. En un posteo de su cuenta de Facebook del 25 de marzo, el académico celebró que el Consejo Universitario acordara presentar una denuncia penal tras conocer las presuntas irregularidades en cuatro edificios de la UCR.
En el mismo texto, Gutiérrez recordó lo advertido en el 2022 por la OEPI. “Se detectaron irregularidades en el proceso de construcción de 13 edificios, advertidas por la OEPI al CU-UCR en diciembre de 2022 mediante el oficio OEPI-1182-2022. Se trata de obras construidas con un empréstito obtenido en la negociación del FEES (Fondo Especial para la Educación Superior) del 2010, pero ejecutadas durante las administraciones de don Henning Jensen (2012-2020) y don Carlos Araya (2020)”, escribió.