Los verdaderos motivos de la oposición a reelegir al magistrado Paul Rueda permanecen inconfesos. Se habla de negociaciones políticas, venganzas y disconformidad de uno u otro sector con resoluciones calzadas con su firma. Es difícil discernir la razón del voto en contra en cada caso. Solo los sindicatos han sido sinceros: le cobran sus fallos sobre las pensiones del Poder Judicial y el plan fiscal. La sinceridad no justifica la grave lesión a la independencia de los jueces promovida por quienes más deberían defenderla, pero contrasta favorablemente con la oscuridad de las maniobras legislativas.
La Comisión Permanente Especial de Nombramientos habría querido mantener la decisión de sus siete integrantes en secreto. El liberacionista Luis Fernando Chacón pidió a la prensa guardar distancia para emitir el voto sin escrutinio público, de espaldas al país, pese a la trascendencia de la decisión.
El empeño en preservar el silencio hace añorar los tiempos de la platina, cuando el jefe de fracción del PLN confesaba que el intento de evitar la reelección del magistrado Fernando Cruz era “una llamada de atención” a la Corte por los excesos de sus sentencias. La sinceridad más brutal es preferible a la maniobra soterrada. Ofrece la oportunidad, cuando menos, de un examen abierto de las verdaderas razones de la decisión.
La Comisión no logró mantener el secreto porque al liberacionista Jorge Fonseca y a Enrique Sánchez, de Acción Ciudadana, no les dio vergüenza revelar su voto a favor de reelegir a Rueda. Conocidos los dos votos a favor, se corrió el velo detrás del cual permanecían los cinco en contra.
La recomendación de no reelegir a Rueda se dio poco después de recibido un informe de la Corte Suprema de Justicia sobre el intachable expediente del magistrado. Los propios diputados habían solicitado la información. Por eso, sorprende la completa indiferencia ante el resultado de sus gestiones.
El “método” de la comisión de nombramientos en este caso es inédito. Una moción aprobada el lunes pidió a la Corte un informe detallado de las quejas, amonestaciones, sanciones, investigaciones, procedimientos disciplinarios, problemas laborales, violencia doméstica, asuntos penales, acoso laboral, acoso sexual y deficiencias de cualquier otra naturaleza atribuibles a Rueda.
Como queda claro, a dos días de la votación, ayunos de fundamento para recomendar la no reelección, los diputados lanzaron las redes a ver si algo pescaban. Faltó preguntar al personal de la soda si Rueda sigue una dieta balanceada. Las redes regresaron vacías y hasta los rumores desatados contra el magistrado quedaron desmentidos.
La Corte Suprema informó de la inexistencia de sanciones, quejas y procedimientos administrativos. El informe incluye certificaciones de varios despachos del Poder Judicial, todas coincidentes en señalar la ausencia de reproches. Por su parte, el Departamento de Servicios Generales, encargado de administrar los vehículos de uso discrecional, negó tener constancia de irregularidades en su uso.
Los diputados también pidieron informes de las incapacidades gestionadas por funcionarios del despacho de Rueda, supuestamente afectados por el mal trato del magistrado. En efecto, hay una funcionaria con múltiples permisos por razones de salud, algunos de ellos previos a su trabajo con Rueda. Ella y todos los demás miembros del despacho, con salvedad de una técnica judicial ausente del país por vacaciones, dirigieron una carta a los diputados para salir al paso por “la manera” como se estaba pretendiendo “mancillar injustamente el nombre del magistrado Rueda Leal, en relación con supuestas situaciones de acoso laboral” en su oficina. Los funcionarios más bien resaltaron el apoyo recibido de su jefe y su “auténtica preocupación” por el bienestar de todos.
Empeñados en seguir la pista de cada rumor, muchos de ellos salidos de la propia Corte, donde los enfrentamientos entre magistrados son imposibles de disimular, los legisladores pidieron copia de la carta de renuncia de una funcionaria a quien Rueda solicitó explicaciones totalmente justificadas por un incidente irregular. Esperaban encontrar prueba de acoso laboral y más bien se trasluce el celo de un magistrado comprometido con su trabajo y la buena conducción de la Sala Constitucional.
Rueda ofreció a los diputados un detallado informe de labores en el cual destaca el desempeño de su despacho. La oficina del magistrado es la mejor en cuanto a la atención de expedientes circulantes. Con toda esa información a mano, los diputados votaron por no recomendar la reelección, lo cual no ha sucedido en otros casos, realmente polémicos y con objeciones de peso.
El único que ensayó una explicación fue Carlos Avendaño. Dijo estar en contra de la reelección indefinida de magistrados, pero Rueda nunca antes se ha presentado a reelección. Avendaño no reveló si en adelante insistirá en un solo mandato de seis años para los magistrados, con lo cual siempre recomendará la no reelección.
La votación se condujo con tremenda precipitación, sin observar la información solicitada por la propia comisión, en secreto y en sesión extraordinaria celebrada a contrapelo del anuncio de una posposición para la semana entrante. La transparencia del Congreso está una vez más en duda y se profundizará si el plenario también pretende votar en secreto. Esa es la lucha cívica para la cual es preciso prepararse. Los legisladores deben votar de cara al país, no cobijados por la oscuridad del secreto.
Costa Rica merece saber las verdaderas razones del rechazo a Rueda. Es totalmente razonable pensar que se le castiga por el contenido de sus resoluciones y, también, por la incomodidad de otros magistrados frente a sus reclamos de transparencia cuando la Corte pretendió sancionar, con levedad y secreto, actuaciones de sus miembros.