29 marzo

Medio millón de trabajadores del sector privado sufrirán pérdida total o parcial de sus ingresos. Representan el 40 % del sector formal. La tragedia es mucho mayor cuando se considera el tamaño de la informalidad y el impacto de la crisis sobre las ocupaciones más comunes en ese ámbito. El gobierno procura recursos para ayudar con ¢200.000 mensuales a 375.000 familias urgidas de asistencia. Cierran hoteles, restaurantes y negocios dedicados al entretenimiento. Los taxistas echan de menos a sus clientes, así como los choferes de las plataformas colaborativas. Muchas industrias no encuentran salida para sus productos y los comercios no logran venderlos.

Para atender la emergencia, el gobierno busca financiamiento, cuando hace poco había fijado como prioridad la reducción de la deuda. Tenía razón entonces y la tiene ahora. El endeudamiento es la principal dolencia de nuestras finanzas y será mucho peor cuando pase la crisis, pero la prioridad es poner comida en la boca de la gente.

Hay dolor por doquier, pero el Consejo Nacional de Rectores (Conare) recomienda no tocar los ingresos del sector público para evitar daños a la economía. Temen “la contracción del consumo, incluso de artículos básicos, el aumento del desempleo y de la desigualdad social, y el empobrecimiento de un porcentaje aún más alto de la población nacional”.

El argumento descansa sobre dos falacias. La primera es hablar del sector público como un ente homogéneo, compuesto por partes idénticas e igualmente necesarias en todo momento. No es así. Hay partes del sector público indispensables para superar la crisis. Los ejemplos más obvios son el personal médico y la Policía. En las mismas universidades, hay ingenieros y científicos abocados a enfrentar la emergencia, como los impulsores del proyecto para construir respiradores o los estadísticos que generan información sobre la pandemia, pero, bien lo saben los rectores, hay unidades académicas cuyas actividades no se relacionan con la atención de la emergencia.

En la práctica, la diferencia la reconocen las propias universidades y otras instituciones, como la Corte Suprema de Justicia, que desde el 23 de marzo suspendió los servicios no esenciales. Hay, pues, hasta en la administración de justicia, un reducido número de prestaciones indispensables y otras, de inestimable necesidad en tiempos de normalidad, pero temporalmente aplazables.

En el sector público, también hay grandes diferencias de ingresos. En general, los empleados del Gobierno Central ganan menos que los de las instituciones autónomas y los rectores perciben mucho más que los policías. Esas diferencias crean un amplio margen de maniobra para graduar la contribución de cada cual. Podría establecerse, por ejemplo, un ingreso mínimo remanente después de la reducción salarial.

En esa hipótesis, el sector público seguiría en ventaja porque a los empleados del sector privado se les recorta el salario hasta un 75 %, independientemente del monto, pero habría una contribución significativa a la mitigación del dolor de los más necesitados. El rector de la Universidad de Costa Rica y varios magistrados, por ejemplo, aportarían unos ¢4,5 millones y todavía mantendrían el rango de ingresos establecido para pagar el impuesto solidario propuesto por el gobierno a la Asamblea Legislativa. Así como el impuesto empezará a cobrarse a partir de los ¢840.000, según el planteamiento más reciente, al sector público podría garantizársele que los salarios inferiores a esa suma no serán tocados y los más altos encontrarán en ella un límite máximo a la reducción de jornada.

La segunda falacia de la argumentación de los rectores es el temor expresado por la caída de la demanda agregada. La tesis fue esgrimida, por primera vez, por una magistrada que advirtió la importancia de sus “gustitos” para la salud de la economía nacional. Si no le pagamos suficiente, no podrá contribuir, mediante el consumo, a la dinámica económica.

Los rectores deben saber que la demanda agregada ya cayó. La economía se derrite pese al pago íntegro de sus salarios. Los cuantiosos ingresos de los estamentos superiores del sector público poco harán por incrementar la demanda. En época del coronavirus, hay pocas oportunidades para la recreación y el consumo suntuario. Por otra parte, existen grandes incentivos para el ahorro y la cautela. Para garantizar la demanda agregada, nada mejor que trasladar parte de esos ingresos disponibles a los sectores necesitados porque ellos sí gastarán hasta el último céntimo en aplacar el hambre. Esa es nuestra cruda realidad.

La única oferta concreta en la manifestación de los rectores, publicada en estas páginas, es su disposición a “propiciar espacios para la articulación y la generación de ideas que favorezcan un sano debate para la estabilidad económica, con una visión solidaria, humanista y social que nos permita salir de esta pandemia con el menor impacto sobre la vida y la convivencia nacionales”.

Ese sano debate, a juzgar por el resto del manifiesto, debe partir de la invulnerabilidad de los salarios del sector público. Los rectores convocan para conversar sobre la forma como los demás pueden contribuir a sufragar los costos de la pandemia. Por lo pronto, esa es su mejor oferta. El documento, por asombroso, merece ser considerado histórico. Será un importante insumo para discusiones que, en este momento, no deben distraernos.