EscucharLos han capturado fuera de las iglesias; en campos agrícolas, restaurantes, sitios de construcción y empacadoras de carnes; en centros de lavado de carros, en parques y en barrios residenciales. Los han vigilado en los alrededores de escuelas y colegios y han hecho que muchas familias no acudan a las ceremonias de graduación. El pasado fin de semana, testigos dieron cuenta de la detención de una mujer con ocho meses de embarazo.
Todo lo anterior forma parte de las brutales acciones emprendidas recientemente en Los Ángeles por agentes migratorios estadounidenses, contra su población migrante. No todos son ilegales, y casi ninguno ha cometido delitos. Son gente trabajadora que lucha por mejorar sus condiciones de vida, pero la retórica oficial los califica de “invasores” o “enemigos” y pide que sean delatados.
En medio de esta campaña, en que la crueldad y la arbitrariedad han sido los rasgos más sobresalientes de una represión que también es espectáculo mediático, una gota rebalsó el vaso en esa ciudad. En la mañana del 6 de este mes, la policía migratoria desarrolló una redada de trabajadores a destajo que estaban reunidos en el estacionamiento de un gran almacén, a la espera de ser enrolados por terceros en labores temporales.
El rechazo fue amplio y condujo a una serie de protestas en varios puntos de la ciudad. Algunas, masivas, se salieron de control, pero pudieron ser contenidas por la policía local. Sin embargo, el presidente Donald Trump decidió desplegar 2.000 efectivos de la Guardia Nacional –que luego elevó a 4.000– y 700 marines. Lo hizo sin contar con el aval del gobernador demócrata de California, Gavin Newson, como debió haber ocurrido, invocando una cláusula dudosa y raramente utilizada. La legalidad de la decisión está bajo consideración en los tribunales, tras la denuncia presentada por Newson.
Aunque el mandato de ambos contingentes se reduce a proteger inmuebles y empleados federales, su índole es clara: la militarización como forma de desconcertar, provocar, generar espectáculo, amedrentar sin justificación a la población civil y enviar un mensaje de autoritarismo, mezclado con arbitrariedad. Se trata de una funesta estrategia que, peor aún, no se ha reducido a esos hechos.
El jueves 12, durante una conferencia de prensa ofrecida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras hacer un llamado a “liberar” Los Ángeles de indocumentados, el senador demócrata Alex Padilla fue brutalmente doblegado y esposado por agentes migratorios cuando intentaba hacer una pregunta. Algo similar le sucedió este martes a Brad Lander, precandidato del mismo partido opositor a la alcaldía de Nueva York, en una corte de migración.
También el día 12, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, decidió desplegar 5.000 miembros de la Guardia Nacional ante el anuncio de protestas en varias ciudades del estado. Trump, por su parte, ha ordenado mayores redadas en otras ciudades con alta población migrante y alcaldes demócratas, como Chicago y Nueva York. Y como el despliegue militar en Los Ángeles respondió a una orden general de “federalizar” la Guardia Nacional, persiste la amenaza de que sea utilizada en otras partes sin el consentimiento de los respectivos gobernadores estatales.
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Añadamos que días antes, durante una ceremonia en Fort Bragg, una base militar en Carolina del Norte, dio un discurso con claros matices político-partidistas, algo totalmente inusitado.
Como si lo anterior fuera poco, el sábado se produjo un masivo desfile militar en Washington, que incluyó tanques y otros vehículos de guerra. Formalmente, fue organizado para conmemorar los 250 años del establecimiento del Ejército estadounidense por George Washington, pero coincidió con el cumpleaños 79 de Trump. La imagen de un presidente pasando revista a las fuerzas armadas, no como conclusión de alguna campaña militar exitosa, sino por un acto discrecional y personalista, ha acrecentado preocupaciones acumuladas. Por algo, ese mismo día se produjeron masivas protestas en centenares de ciudades del país, bajo el lema “Sin Rey”.
Durante los cinco meses que lleva en el poder, Trump ha dado sobradas muestras de desdén por la legalidad, la división de poderes y el respeto a sus opositores. Al añadirse ahora decisiones que, en esencia, pretenden militarizar partes de la vida civil, ha pasado un umbral en extremo peligroso.
