Editorial: La lógica de Pueblo Soberano: vehículos de lujo frente a promesas de austeridad
Mientras el gobierno exige recortes y pide a las instituciones públicas ‘zocarse la faja’, Pueblo Soberano pretende que con fondos públicos se paguen ¢108 millones por el alquiler de un BMW X1 y un Toyota Prado VX, ambos modelo 2026, para uso de sus dirigentes
La diputada y presidenta del oficialista PPSO, Mayuli Ortega, justificó que su partido le asigne un vehículo de uso discrecional BMW 2026 y le cargue el costo al Estado. Argumentó que parte de la prensa quiere hacerle daño a su agrupación. La Nación/Lucía Astorga
El llamado del gobierno de la presidenta Laura Fernández a la austeridad en el uso de recursos públicos enfrenta ahora una prueba dentro de su propio partido, Pueblo Soberano (PPSO), el cual pretende que con dinero público se pague el alquiler de dos vehículos de lujo, año 2026, para uso de sus dirigentes durante cuatro años.
Se trata de un BMW X1 asignado a la presidenta del PPSO y diputada, Mayuli Ortega Guzmán, y de un Toyota Prado VX para empleo, principalmente, del tesorero suplente Raúl Zamora Trejos, aunque lo pueden conducir el secretario general, Freddy González, o “a quien se designe”.
La intención choca con el discurso que pregonan Fernández y su ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, quienes han insistido en recortar el gasto público, han exigido a las instituciones “zocarse la faja” y han advertido de que “hay privilegios que Costa Rica ya no puede ni debe pagar”.
Este es el vehículo BMW que arrendó el PPSO y que usa la diputada Mayuli Ortega. Se estaciona en el parqueo de la Asamblea Legislativa, en el espacio número ocho, que fue el que la Administración le otorgó a ella. (Cortesía/La Nación/Cortesía/La Nación)
Incluso, desde el 10 de agosto de 2025, al ser ratificada como candidata presidencial, Fernández prometió “utilizar con austeridad el dinero del pueblo” y ya como gobernante, en junio pasado, declaró: “La plata del pueblo de Costa Rica es sagrada; no vamos a permitir el despilfarro de recursos”. Más aún: en agosto fue más allá, al decir: “Estamos eliminando privilegios”.
Ahora les corresponde confrontar esas promesas con la fundadora del partido que sostiene su proyecto político, pues fue Ortega quien firmó el contrato del BMW con Corporación Saver, en las oficinas de Economy Rent a Car, por una mensualidad de $2.645 (¢1,2 millones), para un total de $126.960 (¢58,4 millones) en cuatro años.
Ortega, junto a Zamora, también suscribió el contrato del Prado con Sociedad Rentacar Centroamérica (Hertz Renting), por $2.260 mensuales (¢1 millón), equivalentes a $108.480 (¢50 millones) durante su vigencia. En conjunto, suman $235.440 (¢108 millones).
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) determinará si esos gastos cumplen los requisitos para ser reembolsados mediante la contribución estatal a los partidos, conocida como deuda política. Se trata de recursos públicos destinados a financiar gastos electorales y actividades permanentes de organización y capacitación.
Si bien es cierto que los partidos requieren de transporte para actividades y recorridos por el país, esa necesidad no explica por sí sola la selección de modelos de lujo en momentos en que Fernández y Chaves proyectan un crítico panorama de las finanzas públicas, y hacen recortes en gasto social e incluso al mismo TSE.
Para justificar la contratación del BMW, Ortega apela a su jornada que empieza temprano en la sede partidaria, continúa en la Asamblea Legislativa y se extiende hasta la noche y los fines de semana. Es razonable que tantas obligaciones requieran desplazamientos, pero sigue sin explicar por qué debe hacerlo en un BMW del año con cargo a las finanzas públicas.
Si ella aceptó voluntariamente esas tareas y recibe una remuneración del Congreso por hasta ¢4 millones brutos mensuales entre dietas y gastos de representación, más el derecho a 500 litros de combustible, lo coherente es que actúe conforme a las palabras que pronunció en julio del año pasado junto a Fernández: “Nuestro partido nació para servir y no para servirse”.
También debe honrar el compromiso consignado en su biografía de candidata a diputada, publicada en el sitio del TSE: “Mayuli asume que cada decisión deberá tomarse de manera transparente y honorable, rindiendo cuentas y cuidando el uso de los recursos”.
Sin embargo, el lunes, en lugar de responder a las preguntas de La Nación, Ortega tomó la palabra en el plenario para acusar a “sectores de la prensa” de alimentar sospechas, confusión y crear “polémicas artificiales”. Atribuir esas intenciones a la prensa solo desvía la atención y deja sin responder la pregunta central: por qué los contribuyentes deben financiar el alquiler de un carro de lujo para uso de ella.
Lo dicho por la legisladora también contradice el artículo 3 bis de los estatutos del PPSO, que exige a sus dirigentes “coherencia entre el decir y el actuar” y rendición de cuentas.
Otro argumento controversial de Ortega es que “todos los partidos tienen la posibilidad de hacer este tipo de gastos”. Sin embargo, que otras agrupaciones puedan solicitar el mismo reembolso no justifica la elección de vehículos de lujo. La contribución estatal debe financiar necesidades partidarias, no convertirse en un cheque en blanco para cubrir gastos cuya necesidad y proporción corresponde justificar.
Como indicamos, será el TSE el que determine si corresponde el reembolso. Aun si lo admite, seguirá pendiente la explicación política sobre su necesidad y proporción. Una resolución favorable acreditaría el cumplimiento de los requisitos legales, pero no resolvería la contradicción entre esos gastos y la austeridad prometida.
Por su parte, a Chaves y Fernández les queda por demostrar si la mesura que exigen en el uso de los fondos públicos también aplica para los dirigentes del partido oficialista.
Cabe recordarles que el 24 de junio, al anunciar ajustes presupuestarios, el ministro de Hacienda afirmó que “aquí no hay ticos con corona ni hay poderes con corona”. La coherencia se prueba cuando cumplir lo prometido incomoda a los propios.
