La infraestructura digital extendida, robusta, dinámica, eficaz y accesible es clave para el desarrollo; también, para romper barreras de desigualdad socioeconómica o regional. Su trascendencia cada vez será mayor, debido al papel de la conectividad y la digitalización en la integración de procesos productivos y logísticos, la automatización y el empleo de la inteligencia artificial. Para Costa Rica, resulta particularmente importante, debido a la creciente relevancia de los servicios y a nuestra justificada apuesta por un modelo de desarrollo en buena parte basado en el conocimiento y la innovación aplicados.
Esta es una ruta por la que hemos avanzado; sin embargo, en el reciente Informe de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial, ocupamos el lugar 63, entre 141 países, en la adopción de tecnologías de información y comunicación (TIC), y el 58 en capacidad de innovación. Son lugares dignos, que nos colocan en la primera mitad y revelan ligeras mejoras en relación con la medición previa, pero totalmente insuficientes para acelerar nuestro crecimiento y bienestar.
Mientras confrontamos enormes retos en esta materia, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), cuyas funciones esenciales son “llevar telefonía e Internet a zonas y comunidades donde aún no hay servicio” y “cumplir las metas y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones”, se mantiene en un crónico letargo. Un reportaje que publicamos el martes de la semana pasada revela que, de los $330 millones acumulados desde su creación, cuando se abrió a la competencia el mercado de telefonía digital, apenas ha ejecutado $34,1 millones; poco más del 10 %.
A su ineficiencia en planificar, diseñar, adjudicar y dar seguimiento a los proyectos necesarios para cumplir su mandato, Fonatel añade, entre otras fallas correlacionadas, la entrega de información tardía al Ministerio de Planificación y al de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), rector en ese campo. Además, la Contraloría General de la República ha detectado debilidades para establecer la razonabilidad de los gastos que autoriza la unidad de gestión y la Defensoría ha precisado que Fonatel “tarda alrededor de cuatro años para poner en marcha un proyecto de telecomunicaciones” ya financiado.
Esta inaceptable situación parece haber sonado, al fin, el timbre de alarma en el Micitt. Recientemente, el ministro Luis Adrián Salazar convocó una reunión entre su cartera, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), a la que Fonatel está adscrita, y el ICE, hasta ahora principal contratista de los proyectos, con el propósito de que “se pongan a conversar para una solución”. Es un buen paso, pero nos tememos que difícilmente resolverá la situación porque la lista de problemas no solo se refiere a insuficiente coordinación interinstitucional, sino también a fallas internas muy agudas.
Por lo anterior, lo que parece cada vez más necesario es una reestructuración completa de Fonatel, que conduzca, entre otras cosas, a una planificación más adecuada y a una ejecución más ágil. Estamos, ni más ni menos, ante un enorme desperdicio, por inacción o incompetencia, de recursos multimillonarios que ya deberían haberse invertido para mejorar la infraestructura de las telecomunicaciones, sobre todo en comunidades socioeconómicas desfavorecidas, en particular las alejadas del Valle Central, que también afrontan marginalidad, exclusión y desigualdad en otras variables clave para el desarrollo. Es hora de cesar la tolerancia a la ineficiencia.
