La explotación sexual está a la vista de todos en Jacó. Sin embargo, el reportaje “Mercado de carne viva”, publicado por la Revista Dominical el 21 de junio, expuso con detalle el engranaje de transporte, hospedaje, licor y prostitución articulado para atender, principalmente, a turistas de Estados Unidos y Canadá atraídos por la presencia de hasta 500 trabajadoras sexuales en un fin de semana. Muchas de ellas comparten una característica reveladora: nacieron después del año 2000.
La investigación periodística describió la ruta de busetas que abordan muchos de esos visitantes en la zona roja de barrio Amón, San José, para visitar en tropel ese distrito costero donde la tarifa mínima por una relación sexual es de $100 y el promedio de $200. Algunas muchachas llegan a atender hasta cinco clientes por noche.
Los testimonios recopilados por nuestros reporteros apuntan, precisamente, a una convergencia de vulnerabilidad social, explotación, posibles redes de trata, narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. La consecuencia más evidente de ese descontrolado turismo sexual es la degradación social de un distrito con cerca de 20.000 habitantes, 5.000 de ellos menores de edad. La normalización del fenómeno llega al punto de que una vecina explicó que la prostitución se percibe como “algo natural, digamos que es parte del pueblo”.
La resignación de la comunidad puede entenderse como el resultado de años de convivencia con esa realidad. Lo que no se puede aceptar es que el Estado, sus jerarcas y la clase política sigan viéndola con esa misma indiferencia. Hasta ahora, tienden más a enumerar lo que no pueden hacer, en vez de analizar lo que podrían hacer si trabajaran juntos.
La Fuerza Pública, por ejemplo, alega que puede actuar contra presuntos casos de agresión, proxenetismo o explotación sexual solo si hay una denuncia. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) responde que no puede decir si investiga alguno de esos delitos. Y el alcalde de Garabito, Francisco González Madrigal, guardó silencio luego de que un periodista le detalló los temas sobre los cuales quería entrevistarlo: gestión de la Municipalidad sobre el turismo sexual en Jacó, las estrategias de seguridad en el cantón y la coordinación que sostienen con el Gobierno Central.
Un día después de la publicación, este lunes 23 de junio, el alcalde rompió el silencio. En la sesión del Concejo Municipal propuso crear una zona “permisiva” para consumo de drogas y la prostitución. Su planteamiento reconoce al menos que el problema existe, que trasciende las fronteras del cantón y que difícilmente desaparecerá por el simple traslado de la actividad hacia otras comunidades.
Aunque polémico y susceptible de generar profundas discrepancias, su idea merece ser discutida, no porque sea necesariamente la solución correcta, sino porque implica debatir un problema a la vista de todos, pero ignorado por años. La concentración de determinadas actividades en espacios regulados permitiría, al menos en teoría, establecer controles, facilitar la supervisión institucional, atender las adicciones y enfermedades sexuales y reducir la dispersión de prácticas que hoy se desarrollan en cualquier lugar con mínima capacidad de fiscalización.
Discutir una propuesta no equivale a respaldarla. Significa explorar alternativas frente a un problema social que muestra signos de desborde. La prostitución no solo gana terreno en Jacó, sino en San José y otras provincias, al tener en las redes sociales y los foros de Internet un poderoso mecanismo de promoción.
El reportaje recopiló, por ejemplo, comentarios de turistas norteamericanos que intercambian, con descarada naturalidad, experiencias, recomendaciones y hasta referencias sobre precios, como si se tratara de cualquier otro servicio turístico.
“Fui a Costa Rica y tuve sexo con 17 prostitutas”; “¿en promedio cuánto le costó una prostituta?”; “entre $80 y $120 por hora”, son algunas de las expresiones citadas por la investigación. Igual de lamentable fue el desafortunado comentario que un reconocido comediante estadounidense –seguido por millones de personas– hizo en febrero en un reality show cuando presentó a una participante costarricense: “Oh, Costa Rica. ¡Qué bien, carajo! Tengo que ir para allá. He oído que tienen un montón de prostitutas por allá, mucha prostitución”.
La crudeza de estos testimonios apunta a que el país corre el riesgo de posicionarse en el imaginario internacional por la facilidad para acceder a servicios sexuales y no por las fortalezas que han construido su prestigio como destino turístico.
Por ello, quienes las autoridades deben actuar sin demora. Cada año de inacción consolida un modelo en que la explotación, las adicciones, la vulnerabilidad y el crimen organizado encuentran terreno fértil para reproducirse.
Ningún buen costarricense debería permitir que una nueva generación de jóvenes vea en la prostitución su única oportunidad de ascenso económico. La discusión urge, también la estrategia nacional, pero, sobre todo, las decisiones.