La administración de Laura Chinchilla previó la necesidad de cesar una parte de los trabajadores del puerto administrado por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) cuando comience a funcionar, a plenitud, la nueva terminal construida en Moín por APM Terminals. A ese efecto, el gobierno separó un fondo de ¢15.000 millones.
La administración de Luis Guillermo Solís dio la espalda a esa previsión y destinó el dinero a la compra de dos grúas por $16 millones. Los equipos fueron instalados hace 15 meses y todavía funcionan a menos de media capacidad. Según Japdeva, la velocidad de las grúas fue limitada a propósito para facilitar el aprendizaje de su manejo. Meses después de inauguradas, luego de una larga parálisis por un daño eléctrico en la plataforma, una de las grúas chocó contra un buque, quedó inutilizada 127 días y causó pérdidas superiores a $1,6 millones.
APM ya inició operaciones y, según su cronograma, probablemente alcanzará un alto grado de capacidad cuando Japdeva por fin decida poner sus equipos a funcionar a velocidad normal. La pregunta es si ese día llegará. La administración pasada sabía de la fuerte competencia planteada por APM, las desventajas de Japdeva y los inevitables cambios en el negocio portuario. Allan Hidalgo, presidente de la entidad estatal en la administración Chinchilla, pone en duda la necesidad de la millonaria inversión.
Pero los fondos ya no existen y el presidente, Carlos Alvarado, solo atina a firmar un decreto para trasladar a 600 empleados a otras entidades del Estado con el fin de evitar el pago de prestaciones. Es un mal momento para plantear un aumento artificial de la planilla pública, pero no parece haber otra opción.
También es mal momento para erigir monumentos al desperdicio, especialmente en una zona con tantas carencias como Limón. El dinero estaba destinado a las liquidaciones, pero si no tuvo ese fin, habría sido mucho más útil invertirlo en obras urgentes en lugar de elefantes blancos.
En el 2017, todavía sin competencia, Japdeva cumplió cinco años consecutivos en números rojos, con una pérdida de ¢4.134 millones, aunque una cantidad desproporcionada del comercio internacional costarricense pasa por los muelles del Atlántico. Pensar en las dos grúas como solución mágica para los problemas de la institución es ignorar el carácter estructural de sus limitaciones y, sobre todo, el dramático cambio en el entorno del negocio.
Japdeva recibirá un multimillonario canon de APM Terminals. El primer año la contribución podría alcanzar $20 millones y en los 30 años de la concesión la entidad podría obtener $1.000 millones, pero las autoridades insisten en impedir la desviación de los fondos a fines ajenos a la construcción de obras de desarrollo. Pilar Garrido, ministra de Planificación, enfatizó la imposibilidad de usar el dinero para pagar liquidaciones, convenciones colectivas y obligaciones similares.
Hace seis años se firmó el contrato de concesión con APM Terminals. En ese lapso, la empresa terminó de superar obstáculos burocráticos y prácticos, transportó enormes piedras desde el norte de Europa, construyó una isla artificial en el océano e instaló los equipos necesarios para desarrollar una actividad portuaria sin parangón en la historia nacional. Japdeva, por su parte, no ha logrado constituir el fideicomiso adonde irán a parar los fondos ni tiene listo el plan de inversión.
El contraste dice mucho sobre las posibilidades de una competencia entre puertos capaz de exigir el empleo de las nuevas grúas a plena capacidad. También habla de los cambios necesarios en la institución para asegurar el buen manejo del dinero proveniente de la nueva terminal.
