El presidente, Carlos Alvarado, anunció el 25 de julio en Guanacaste la aprobación de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $425 millones para el Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (conocido como plan Paacume). Ahora, el empréstito pasará a análisis de la Asamblea Legislativa. El anuncio se une a otros compromisos de obra pública adquiridos por el gobierno durante sus primeros 100 días de mandato como elementos de una hoja de ruta para los próximos cuatro años.
Los anuncios de la administración en estos meses incluyen el propósito de conseguir $300 millones para finalizar la carretera a San Carlos, la intención de impulsar la ampliación de la ruta 27, invertir $65 millones en 15 puntos críticos de la carretera San José-San Ramón, consolidar el financiamiento completo de la reconstrucción de esa vía bajo el esquema actual de fideicomiso y analizar una solución para la sección Río Frío-San José, además de ampliar La Angostura, en Puntarenas, y reactivar la modernización de la carretera San José-Cartago.
Ninguno de esos proyectos está contemplado en los $850 millones de créditos disponibles para infraestructura de transporte, que serán dirigidos principalmente a la carretera Río Frío-Limón, Cañas-Barranca y a la modernización de la Circunvalación. Además, los compromisos de los primeros 100 días se dan a la sombra del proyecto estrella, el tren rápido de pasajeros (TRP), para el cual se calcula necesaria una inversión superior a los $1.500 millones, entre los cuales se deberá considerar el aporte estatal típicamente exigido por esos sistemas para garantizar la viabilidad financiera a una tarifa aceptable para los usuarios.
La relevancia de las obras señaladas está clara. Muchas de ellas son necesidades sentidas desde hace lustros, pero es preciso preguntar, más allá de los anuncios, por la forma de materializar los planes en un país que cerrará el año con un déficit fiscal superior al 7 % del producto interno bruto y un nivel de deuda mayor al 50 % de ese indicador.
La respuesta la hemos tenido frente a nuestros ojos por años: el país debe adoptar modelos de inversión privada, dar prioridad a la solución de los problemas sobre el miedo a tomar decisiones y la tentación del aplauso inmediato. Ese esfuerzo exige abandonar todo tipo de prejuicio ideológico y superar la concepción técnicamente errónea que relega la concesión de obra pública a proyectos nuevos y de grandes dimensiones.
En esta línea, hay interesantes propuestas innovadoras, como la presentada recientemente para garantizar el óptimo mantenimiento de la carretera Cañas-Liberia mediante un esquema de reciclaje de activos que también podría generar importantes recursos frescos para proyectos que han esperado por décadas en la provincia de Guanacaste. El reciclaje consiste en estructurar un contrato sobre un activo público existente para que el sector privado asuma los riesgos y la responsabilidad de operación y mantenimiento, reconociendo al Estado una buena contraprestación, inicial o periódica, por el derecho de explotación de la carretera.
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Las señales del gobierno son buenas en cuanto al reconocimiento de las necesidades. Ahora sus compromisos deben traducirse en acciones para reactivar la inversión en obra pública. Costa Rica no puede darse el lujo de seguir en espera mientras sus vecinos avanzan decididamente. Guatemala concesiona la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, Honduras desarrolla su centro de gobierno por medio de concesión, República Dominicana está a las puertas de aprobar una nueva legislación sobre alianzas público-privadas, El Salvador inaugura el Paso del Jaguar, un moderno cruce a desnivel en la ruta hacia el aeropuerto, y Panamá se prepara para construir el cuarto puente sobre el Canal. La competencia es global y muy intensa.
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