La tala de árboles necesaria para ampliar la ruta 32 se iniciará el 5 de marzo. Según la empresa encargada, los permisos fueron aprobados en “casi todo” el lado derecho de la vía, en sentido de San José a Limón. Las mismas fuentes informan que la ocasión podría prestarse para un acto en presencia del presidente, Luis Guillermo Solís, como si su liderazgo no fuera responsable del atraso de la obra, contratada durante el gobierno de doña Laura Chinchilla.
La ampliación de la ruta tiene gran importancia y a todos debe alegrarnos. No por eso dejamos de lamentar los años transcurridos sin avance producto de la demagogia del Partido Acción Ciudadana (PAC) y su actual gobierno. A estas alturas, el mandatario no va a inaugurar la obra. En realidad, inaugurará “casi toda” la tala de árboles, paso previo a la intervención de los puentes y la construcción de algunos nuevos.
Todo se hará según los planes originales. Es decir, todo se pudo haber hecho hace años aunque nada se hizo porque el PAC no podía permitir la ejecución del “mal contrato” que ahora está desesperado por inaugurar. Olvidada quedó la promesa de pasar la factura a la empresa china por las obras adicionales, cuya ausencia hacía impensable la construcción. Esas obras serán pagadas por el Estado costarricense, aunque aún no se sabe de dónde saldrá el dinero.
Los fondos adicionales son problema de la próxima administración. Solís cumplirá con dejar la tala de árboles inaugurada. Eso tampoco implica dejar resuelto el traslado de la infraestructura utilizada para proveer servicios vitales. Tuberías de agua, oleoducto y líneas eléctricas deben ser reubicadas. “Casi toda” la tala de árboles comienza, pero es arriesgado vaticinar la fecha de conclusión de la obra y si incluirá las modificaciones ofrecidas por los responsables de años de atraso.
Con el mismo sentido de urgencia, el presidente podría trasladarse a San Ramón y, debajo de los árboles donde celebró la derrota de la concesión para mejorar la vía entre esa ciudad y la capital, dejar inaugurada la intención de rectificar, porque su gobierno transcurrió sin ningún avance, salvo el del deterioro de la carretera.
Ahora sabemos, por funcionarios de esta misma administración, que el peaje de la obra administrada mediante fideicomiso (si no se cancela el plan por ineficaz) costará lo mismo que el de la obra dada en concesión. Tampoco ha faltado una voz franca, entre los altos representantes del gobierno, dispuesta a lamentar el error cometido al cancelar la concesión al calor de la politiquería. Al ritmo actual, dicen los encargados, la obra se comenzaría a ejecutar a finales del próximo gobierno.
El presidente ha tenido tiempo para inaugurar, en estas semanas, pequeñas obras en todo el territorio nacional, a la usanza de muchos de sus antecesores a quienes el PAC criticó sin descanso por hacer exactamente lo mismo, sobre todo cuando aceleraron la ejecución de obras con el solo fin de dejarlas inauguradas o las inauguraron incompletas. Ahora resulta que el mandatario podría inaugurar prematuramente una obra contratada por sus antecesores que él y su partido impidieron ejecutar en el momento oportuno.
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Si antes de entregar el poder el presidente decide inaugurar la conexión del acceso al megapuerto de Moín, en Limón, es importante no tender la cinta en el punto de ingreso fijado en la licitación, porque esa no es la entrada a las instalaciones portuarias. La corrección de la “pifia”, que en realidad no lo fue, costó millones de dólares al país y finalmente está siendo investigada por la Fiscalía.
Ojalá estas tristes historias sirvan para reflexionar, poner coto a la demagogia y limitar lo que los políticos del futuro estén dispuestos a hacer con tal de ganar el poder. Ojalá encontremos, también, la forma de desarrollar obra pública para beneficio del país, no de intereses partidarios.
