EscucharNadie duda de la importancia del turismo para la economía nacional. Costa Rica es, también, un país con cultura digital, pese al lastre de las malas políticas públicas. Tampoco hay discusión sobre las necesidades de recaudación del fisco nacional. Extraña, pues, la tardanza en sumar al país a la larga lista de naciones capaces de cobrar impuestos al comercio electrónico ejercido en plataformas tecnológicas como Airbnb.
La popular plataforma de alojamiento opera con éxito en Costa Rica, como lo hacen otras similares. Durante la temporada de fin de año, unas 315.000 personas utilizaron el servicio para hospedarse en el país. Según la empresa, Costa Rica es el principal destino en la región centroamericana y hay unos 8.400 anfitriones que ofrecen más de 15.000 alojamientos a clientes de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y México, pero también a un importante número de costarricenses.
Airbnb tiene más de 300 convenios para el cobro de impuestos en todo el planeta, pero en nuestro país apenas está a la espera de la próxima administración para firmar uno. Este tipo de comercio electrónico plantea importantes diferencias a la hora de recaudar el impuesto de ventas o los tributos cobrados a la ocupación hotelera. Airbnb media entre el cliente y el propietario del inmueble. No hace la venta. El control de los ingresos de los anfitriones, por otra parte, se dificulta.
Los hoteles cobran los impuestos y luego los pagan al fisco. Eso facilita al Estado el cobro de los tributos. En el caso de muchos sitios de la economía electrónica, es necesario variar el modelo tradicional de recaudación. Por eso Airbnb ha venido firmando convenios como uno, relativamente reciente, con Ciudad de México, a cuyo amparo el usuario paga el tributo a la plataforma digital que más tarde lo entrega al Gobierno sin participación del oferente del servicio de hospedaje. El impuesto no es a la empresa digital, sino al servicio prestado por el anfitrión.
Ese modelo de cobro de tributos, como es evidente, no solo sirve para Airbnb y las demás plataformas de hospedaje, sino para una amplia gama de actividades posibles gracias a la tecnología moderna. Un acuerdo con Airbnb implica, en consecuencia, una adaptación y un aprendizaje del fisco frente a nuevos tipos de actividad económica.
En el caso concreto de las plataformas de hospedaje, el cambio también representa una nivelación del terreno en relación con la hotelería tradicional, sujeta al pago de tributos y sometida, en consecuencia, a un trato desigual que afecta su capacidad de competir en el mercado.
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La necesidad de adaptación se torna urgente. El fenómeno viene creciendo a pasos agigantados. En el 2010, un 4,4 % de los visitantes alquilaba casa o apartamento para alojarse en Costa Rica. En todo el 2015, el número ascendió al 11 %. Eran 689.000 personas, una cantidad modesta en comparación con las 315.000 de la temporada de fin de año recién pasada.
Las plataformas de hospedaje crean problemas más allá de la competencia desigual y las dificultades para recaudar impuestos. Los turistas, sin arraigo en los barrios y edificios contratados para pasarla bien, causan problemas de convivencia. El fenómeno también impacta las políticas de vivienda y la disponibilidad de techo para la población local. Muchas propiedades dejan de ser albergues permanentes para convertirse en parte de la oferta de alquileres a corto plazo.
Países y ciudades en todo el mundo han ensayado formas de limitar el impacto; sin embargo, ninguna ha logrado librarse del comercio electrónico de alojamientos. Es hora de aceptarlo y adaptar la legislación, comenzando por los modelos de recaudación tributaria.
