2 junio

La evaluación practicada a los educadores es poco menos que inútil, dicen los expertos encargados de elaborar el Marco nacional de cualificaciones para las carreras de educación. Las conclusiones del grupo de especialistas son tan graves como sería de esperar con vista en los absurdos resultados de las evaluaciones hechas en la actualidad.

La evaluación del desempeño del 2018 ofrece los datos más recientes. De los 63.737 docentes calificados, 63.729 alcanzaron la nota de “bueno”, “muy bueno” o “excelente”, y solo 8 fueron considerados “inaceptable” o “insuficiente”. Si las calificaciones se correspondieran con la realidad, Costa Rica sería líder mundial en desempeño educativo y encabezaría los resultados de las pruebas PISA.

El proceso de selección debe complementarse, después, con sistemas de evaluación y actualización continuos, alejados del sainete practicado en la actualidad.

En todo el mundo, las autoridades coinciden en señalar la calidad de los docentes como el principal factor de la excelencia educativa.

Si los nuestros fueran como las evaluaciones dicen, no habría explicación para los pobres resultados. Costa Rica cuenta con estupendos educadores, pero ellos son los primeros en admitir las deficiencias formativas de una legión de docentes incorporados al aula con solo presentar el título.

Muchos certificados de conclusión de estudios son emitidos por universidades descritas como “de garaje” por los dirigentes sindicales de la educación.

No es secreto para nadie, y especialmente para los educadores, que la mayoría de los centros de estudios superiores no han acreditado sus carreras de Educación y las imparten con asombrosa celeridad.

Una rigurosa evaluación de los graduados, antes de contratarlos y a lo largo del desempeño profesional, es una deuda del país con los educandos y la ciudadanía, a cuyo cargo corre una de las mayores inversiones educativas como porcentaje del PIB en todo el mundo.

Pero los sindicatos, luego de reconocer las deficiencias de gran cantidad de educadores, defienden la contratación y permanencia apenas se transforman en afiliados.

Es como si el carné sindical convirtiera, instantáneamente, las deficiencias en excelencia. Luego, viene el absurdo sistema nacional de evaluación a confirmar la metamorfosis.

Los sindicatos insisten en negarse a la evaluación seria de sus agremiados, no obstante el reconocimiento de las deficiencias. La última manifestación de esa negativa es la oposición al proyecto de ley presentado por el diputado liberacionista Wagner Jiménez con el objetivo de exigir un examen de idoneidad a quienes pretendan el ingreso a la carrera docente.

La iniciativa de Jiménez viene a llenar un vacío señalado por el propio Ministerio de Educación, la Dirección General de Servicio Civil y en el Informe estado de la educación.

La sola presentación del diploma no debe bastar si también sentimos la necesidad de poner a prueba a las universidades que lo emiten.

El examen de idoneidad es un buen paso para el cumplimiento del deber estatal de garantizar la calidad del educador encargado de cada curso ofrecido por escuelas y colegios.

El proceso de selección debe complementarse, después, con sistemas de evaluación y actualización continuos, alejados del sainete practicado en la actualidad.

La tarea es urgente. Por eso son inadmisibles las mociones planteadas para eximir del examen de idoneidad a los actuales interinos cuando pretendan una plaza en propiedad.

La reforma legal responde a los mejores intereses de los alumnos y la sociedad, no a las pretensiones de gremios y afiliados. Con los alumnos en mente, no hay forma de justificar un nombramiento sin examen, sea de un recién salido de la Facultad de Educación o de un docente interino.

Es hora de comenzar a pagar la deuda contraída con alumnos, padres de familia y contribuyentes en general.