EscucharHaití, el país más pobre de América, ha dejado de ser un Estado fallido para convertirse en algo peor: una nación sin Estado. Por desgracia, las perspectivas de superar tan catastrófica y trágica coyuntura son muy escasas. Todo indica que, antes de cualquier mejora, la situación empeorará para su población de 11,5 millones de habitantes, cuyo sufrimiento ha durado décadas. Sin embargo, cualquier esfuerzo para frenar la tragedia debe ser bienvenido.
Dos poderosas bandas criminales, antes rivales, pero ahora aliadas, desataron el 29 de febrero una insurrección generalizada. Actualmente, dominan las principales vías del país y el 80 % de la capital. Las fuerzas de seguridad apenas controlan algunos sitios clave y los precarios servicios gubernamentales están paralizados.
Según las Naciones Unidas, el sistema sanitario está al borde del colapso; la mitad de la población no tiene adecuado acceso a alimentos y la posibilidad de una hambruna es cada vez mayor. Más de 300.000 civiles han sido desplazados, alrededor de 15.000 durante la semana pasada. Se calcula que 4.000 personas murieron y 3.000 fueron secuestradas por la acción de las pandillas.
El primer ministro, quien asumió el poder sin legitimidad alguna tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio del 2021, renunció a su cargo el lunes, durante una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom, por sus siglas en inglés) celebrada en Jamaica. La idea es que sea sustituido por un “consejo presidencial de transición” que, con ayuda internacional, pueda retomar el control y luego convocar elecciones. Sin embargo, tal opción difícilmente tendrá mayor legitimidad, y es rechazada por los dirigentes pandilleros.
Todo lo anterior ocurre en un contexto de crónica inestabilidad institucional y postración económica y social, acelerada a partir del devastador terremoto del 2010. Desde que la larga dictadura de los Duvalier (padre e hijo) llegó a su fin en 1986, en medio de una rebelión, el país ha tenido 20 gobernantes, y durante seis años no se ha celebrado una elección. La economía se ha contraído consecutivamente durante cinco años. Alrededor del 60 % de la población vive bajo la línea de pobreza y casi el 25 % no supera la pobreza extrema. El analfabetismo alcanza al 40 %.
Para paliar la situación, a lo largo de los años, la comunidad internacional ha canalizado miles de millones de dólares, generalmente mediados por agencias y organizaciones no gubernamentales. Su impacto ha sido muy reducido; más bien, lejos de propiciar la creación de adecuadas estructuras de desarrollo y gobernanza local, la ha desestimulado. Una misión internacional de seguridad de las Naciones Unidas logró generar una razonable estabilidad entre el 2004 y el 2017, pero su reputación sufrió debido a fundadas denuncias de abusos sexuales y su vinculación con un gran brote de cólera que mató a cerca de 10.000 personas.
Lo anterior quiere decir que la acción internacional no es la solución a mediano o largo plazo. El gran problema es la falta de un verdadero Estado, de instituciones legítimas y eficaces, y de una gobernabilidad al menos primaria. Sin embargo, en la coyuntura actual es indispensable que, mediante la acción externa, se logre, al menos, poner fin a la violencia, controlar el caos, reducir el control de las bandas criminales, impedir un colapso humanitario total y abrir una vía que permita emprender la salida del abismo.
En octubre del pasado año, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó una nueva fuerza de estabilización de hasta 5.000 efectivos. Kenia ofreció 1.000, pero frenó su posible envío mientras no exista un gobierno; también Brasil, Benín, Bangladés, Chad, Barbados y Bahamas han demostrado interés en colaborar, y Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos han ofrecido apoyo logístico.
Nada garantiza, por ahora su despliegue, aunque es posible que sí ocurra. Nada garantiza tampoco que puedan controlar el caos, y menos que logren, junto con esfuerzos locales, crear las condiciones para cumplir con el objetivo de dar espacio a un gobierno provisional que consigua “restablecer las instituciones democráticas mediante elecciones pacíficas, creíbles, participativas e integradoras”, tal como dijo el secretario general de la ONU, António Guterres.
El esfuerzo vale la pena; más bien, es imperativo. No se puede abandonar al pueblo haitiano y hay que hacer todo lo posible por crear un marco mínimo para su desarrollo, paz y estabilidad democrática.
