EscucharLa ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, pidió a la Contraloría General de la República prorrogar el plazo concedido a finales del año pasado para la entrega de la política educativa. El documento debía ser presentado el 30 de agosto, pero la funcionaria pidió tiempo hasta el 26 de mayo del 2025. En ese momento, la administración tendrá menos de un año por delante.
La petición es una confesión de la inexistencia de la política y la imposibilidad de concretarla en el futuro inmediato. Hasta ahora, la cartera se ha gobernado de conformidad con la “Ruta de la Educación”, un invento alojado en la mente de la funcionaria, según dijo durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa.
Müller también promete plasmar la “Ruta” en un documento, pero lo publicará “cuando sea oportuno”, según la respuesta dada a consultas de este diario. Por lo pronto, solo se conocen 56 diapositivas difundidas en el sitio del MEP, sin claridad de objetivos, cronograma, metodología ni presupuesto.
La “Ruta”, como la política educativa solicitada por la Contraloría, nunca existió, al menos fuera de la mente de la ministra. Eso no impidió la toma de trascendentales decisiones, todas sin fundamento en un plan capaz de darles coherencia o justificar su adopción, casi siempre abrupta. Sin embargo, la claridad de fines nunca fue más importante, porque la administración se inició a poco de finalizada la pandemia, con su cruel agravamiento de la crisis educativa incubada desde hace años y acentuada durante las huelgas contra la reforma fiscal.
La administración saliente diseñó un plan de recuperación. Sus virtudes y defectos pueden ser debatidos, pero había un rumbo que no debió ser abandonado sin ofrecer una alternativa. Para eso, claro está, hacía falta cuando menos el esbozo de una política educativa ajustada al singular momento.
En ausencia de esa guía, ¿a qué respondió la cancelación del acuerdo con la Fundación Omar Dengo para gestionar el Programa Nacional de Informática Educativa? ¿Dónde está el prometido programa sustituto para una exitosa iniciativa con treinta años de existencia? La ruptura, en abril del 2023, se basó en débiles argumentos, apoyados por evidencia ambigua, cuyas fuentes no tardaron en refutarla.
Tan intempestiva fue la cancelación del programa que meses más tarde la fundación no lograba entregar al MEP 50.193 activos (computadoras, servidores, unidades de almacenamiento, equipos de red y comunicación inalámbrica, entre otros) y 164.814 artículos conexos (accesorios de equipo de cómputo, audífonos, mouse, maletines), valorados en ¢12.485 millones. El Ministerio no tenía donde almacenarlos.
En ausencia de una política educativa o siquiera un conjunto de objetivos parciales, tampoco se entiende la cancelación de las pruebas para el Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) sin que existiera una alternativa para evaluar la enseñanza. El confuso sistema de evaluación eventualmente adoptado es objeto de rechazo a lo largo y ancho de la comunidad educativa, comenzando por asesores de la cartera cuyo distanciamiento del proceso consta en una carta hecha pública.
Los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas resultaron inútiles para comprender el estado de la educación. Ubican a los estudiantes en tres niveles —básico, intermedio y avanzado—, pero las categorías permanecen indefinidas y no sirven para entender las habilidades desarrolladas por los alumnos clasificados en cada una de ellas. No hay plan ni hay ruta. Entonces, cualquier giro a lo largo del camino se presenta como bueno.
