18 diciembre, 2019

A partir del 10 de diciembre, el Órgano de Apelaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), instancia definitiva para la resolución de disputas entre sus 164 miembros, dejó de funcionar. Su parálisis, ante la cual no se ve una salida inmediata, sume a la entidad en la peor crisis desde su establecimiento en 1995 e implica un golpe de gran magnitud para el sistema de comercio internacional basado en reglas. Todos saldremos perjudicados, pero particularmente los países carentes de poder suficiente para imponer unilateralmente términos de intercambio, es decir, la mayoría, entre los cuales está Costa Rica.

Debemos asumir esta crisis como acicate para ampliar aún más nuestra red de tratados comerciales y considerar seriamente el ingreso a la Alianza del Pacífico.

La ruta hacia el desmantelamiento de ese tribunal de siete miembros, última instancia en el proceso establecido por la OMC para la solución de diferencias, comenzó hace dos años, cuando Estados Unidos anunció que bloquearía la elección de nuevos jueces para suplir las vacantes que dejaran aquellos a quienes se cumpliera su período de nombramiento. Comenzó, así, un vaciamiento paulatino del órgano, que en meses recientes lo redujo al número mínimo para funcionar: tres jueces. El martes 10 de este mes, al vencer el mandato de dos de ellos, el órgano quedó inoperante.

La OMC está lejos de ser una organización perfecta. Su constitución y normas internas tienen indudables falencias, entre otras que sus decisiones sean tomadas por consenso, lo cual da a cada miembro un gran poder y, por ello, tranquilidad y disposición a integrarla, pero a la vez implica un generalizado poder de veto, que conduce a la parálisis. La constante tensión entre los Estados realmente comprometidos con el libre comercio y la leal observancia de las reglas, por un lado, y aquellos que prefieren el proteccionismo para impulsar miopes intereses a corto plazo, por otro, ha exacerbado los problemas de gobernanza.

En medio de estos y otros desafíos, su sistema para la solución de disputas ha sido ejemplarmente eficaz, aunque, como es lógico, siempre alguien gane y alguien pierda. El proceso consta de tres etapas, de las cuales el eventual recurso del Órgano de Apelaciones es la definitiva, y solo se activa si, en las dos previas, es imposible llegar a un arreglo. La legitimidad y fuerza de esta última instancia ha dado seguridad jurídica no solo a los Estados, sino también a los agentes económicos privados participantes en el comercio internacional, y ha evitado que serias disputas deriven en tóxicas “guerras” que debiliten al sistema como un todo.

Durante años, Estados Unidos ha planteado reclamos puntuales razonables a la OMC, al igual que otros países. Sin embargo, siempre había entendido que, a pesar de su disconformidad con ciertas decisiones, el mantenimiento de un sistema de comercio internacional estable y predecible era un bien superior. Y, así, realmente, ha sido. La llegada de Donald Trump a la presidencia, sin embargo, marcó un cambio radical en esta concepción y una apuesta por las posturas unilaterales desdeñosas de las normas generales, basadas en la fuerza de la economía estadounidense y su dominio del sistema internacional de pagos como instrumentos para imponer criterios.

Por su naturaleza, la OMC ha sido una barrera para estas regresivas concepciones de la Casa Blanca y, por ello, blanco de la actual administración. Vetar el nombramiento de nuevos jueces se convirtió entonces en instrumento de una demoledora vendetta en su contra. Por desgracia, a pesar de los esfuerzos del director general de la organización, Roberto Azevedo, por buscar posibles salidas, el resultado inmediato es una crisis profunda, cuyas consecuencias pronto comenzarán a sentirse, y serán potenciadas por otros focos de tensión en las relaciones comerciales internacionales.

En esta coyuntura, la capacidad de influencia de un país como Costa Rica es limitada. Lo que sí podemos y debemos hacer, además de contribuir a posibles cambios positivos en la OMC, es asumir esta crisis como acicate para ampliar aún más nuestra red de tratados comerciales y considerar seriamente el ingreso a la Alianza del Pacífico. Su impacto no será sustituto de las funciones clave de la organización mundial, pero, cuando menos, servirá como amortiguador de eventuales perjuicios. Confiamos en que el gobierno lo entienda y actúe en consecuencia.