En ocasiones, el país ha perdido de vista los objetivos últimos de las conversaciones para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El debate interno sobre reformas puntuales exigidas por la prestigiosa organización internacional acaparó la atención y nubló la vista. En algún momento, pareció que el proceso se contraía al sistema escogido para asegurar los depósitos bancarios. En otro, el estímulo a la competencia llenó el escenario con exclusión de los demás temas e hizo sombra al panorama general.
La OCDE exige acción en 22 aspectos, cada uno examinado por un comité de especialistas. El Ministerio de Comercio Exterior se vio obligado a dar seguimiento a cada uno y ya consiguió aprobación en 18. La ministra Dyalá Jiménez Figueres está segura de superar las cuatro revisiones restantes para concluir el proceso en mayo del 2020.
Con el ejercicio prácticamente concluido, la ministra recordó al país, en entrevista concedida a este diario, las razones de tanto desvelo. La OCDE se dedica a promover las mejores prácticas entre sus miembros. Los 37 integrantes de la entidad se comprometen con la revisión continua de instituciones y programas para servir mejor a la población.
La idea orientadora, dice la funcionaria, es garantizar una institucionalidad capaz de entender la finalidad de su interacción con la ciudadanía. La burocracia del Estado democrático debe saber para quien trabaja, pero no siempre es así. Los costarricenses lo constatamos con demasiada frecuencia. Hay instituciones públicas donde los funcionarios parecen ser la prioridad y propósito de la gestión.
Si el fin último de la incorporación a la OCDE es beneficiar al ciudadano, también conviene señalar que el buen funcionamiento del aparato estatal no es el único medio para lograrlo. La incorporación a la OCDE es una carta de presentación para mayor seguridad de los inversionistas extranjeros y, en general, de los socios comerciales de Costa Rica. Un país inserto en el mercado internacional, como el nuestro, debe cultivar su buen nombre en todos los campos. El ingreso a la OCDE acredita la adhesión a las mejores prácticas en áreas de importancia estratégica para el desarrollo.
La ministra Jiménez ya anuncia avances en diversos ámbitos del quehacer nacional producto del proceso mismo de incorporación a la OCDE. La participación de Costa Rica en el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (pruebas PISA) promovió una reforma de la enseñanza de matemática y ofrece puntos de comparación para vislumbrar otros ajustes necesarios. El fortalecimiento de los servicios estadísticos también es vital para el diagnóstico y la planificación. A estas alturas del siglo, el diseño de política pública es inconcebible sin un sólido fundamento estadístico.
El país también revisó la legislación relacionada con el estímulo a la competencia y creó potestades más robustas para asegurar el buen funcionamiento del mercado. Incluso en áreas en las cuales Costa Rica muestra logros reconocidos por la comunidad internacional, la incorporación a la OCDE señaló oportunidades de mejora. Había, por ejemplo, una perjudicial omisión en política ambiental: la gestión de productos químicos era laxa y dispersa, ajena a las mejores prácticas de almacenamiento, transporte y reacción ante emergencias.
El impulso del proceso de incorporación se debe, en buena medida, a la comisión legislativa creada con el específico propósito de tramitar las leyes necesarias. La representación multipartidista de la comisión se reflejó después en la buena voluntad del plenario. Los diputados aprobaron 13 leyes en 15 meses, en alguna oportunidad con la ministra Jiménez a las puertas del recinto de votaciones. El país debe agradecerlo.
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