EscucharEl equipo de comunicación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se mostró sorprendido por la decisión de la presidenta ejecutiva, Irene Cañas, de convocar a conferencia de prensa para hablar claro al país sobre los números rojos de la institución y la necesidad de cancelar el proyecto el Diquís, hasta hace poco defendido con tesón.
En junio del año pasado, el ICE seguía hablando de la importancia del Diquís para satisfacer el crecimiento de la demanda, pero la nueva presidenta ejecutiva confía en la suficiencia de la capacidad instalada. Según Cañas, la demanda crece poco en virtud de los cambios en la producción nacional, más orientada hacia los servicios y menos dependiente de las industrias intensivas en uso de energía.
El cambio es coherente con la evolución de la economía nacional, pero, desde hace años, los industriales se quejan del alto precio de la electricidad y su efecto en el desarrollo de su sector. Según su criterio, el costo de la energía aleja las inversiones y, en algunos casos, obliga a trasladar fábricas y procesos en procura de mejores condiciones. Es difícil saber cuánto pesa ese factor en la disminución del crecimiento de la demanda, pero la Cámara de Industrias reaccionó con alivio cuando Cañas anunció la cancelación del Diquís, pese a los $146 millones ya gastados en el proyecto.
La obra habría incrementado la presión sobre las tarifas, especialmente si la demanda resulta insuficiente para operar con eficiencia sus 650 megavatios. Esa capacidad es el doble de la instalada en la planta del Reventazón. La inversión total habría alcanzado $3.694 millones, según cálculos a diciembre del 2015. A juzgar por la historia reciente de los proyectos del ICE y sus subsidiarias, estas estimaciones no garantizan el costo final. Según la documentación presentada a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en el 2008, el costo de Reventazón se calculó en $757 millones, poco más de la mitad del precio definitivo ($1.440 millones).
El país entero debe sumarse a los industriales para celebrar la prudencia de la nueva administración del ICE, pero cabe reflexionar sobre los fondos desperdiciados y, particularmente, sobre la ruta trazada hacia el desastre y transitada hasta hace apenas un año. ¿No había detectado el ICE, en fecha tan reciente, la disminución del crecimiento de la demanda? ¿Cuáles factores le impedían advertir el peligro de su creciente endeudamiento y la seriedad del riesgo cambiario? ¿Por qué ha sido incapaz de prever el desarrollo de nuevas fuentes de electricidad y se empeñó en atar el destino del país a la generación hidroeléctrica?
Hace ya dos años el entonces ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez, advirtió la necesidad de replantear la matriz de generación eléctrica para poner coto a la dependencia de la energía hidroeléctrica. El ministro pidió al ICE revisar sus modelos de estimación de la demanda para repensar el plan de expansión, pero pasado un año desde la solicitud, el ICE seguía insistiendo en la necesidad de construir la planta el Diquís.
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La insistencia es alarmante ahora que la institución acepta la inconveniencia de la obra y ofrece al país una radiografía de su difícil realidad financiera. El ICE proyecta pérdidas de ¢314.000 millones, un 46 % de ellos producto de variaciones en el tipo de cambio. El endeudamiento pesa sobre las finanzas de la institución y también sobre las de sus usuarios. Hace poco, la entidad pidió a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) un alza del 13 % para cobrársela a 780.000 abonados a partir del 2019, con el objeto de hacer frente a sus obligaciones financieras.
En el 2017, la empresa pagó ¢177.780 millones en intereses y comisiones por créditos y bonos de deuda, un 87 % más de los ¢95.111 millones pagados en el 2014. El extraordinario crecimiento de las erogaciones se vincula con la inversión en las hidroeléctricas Reventazón y Balsa Inferior. ¿Cómo justifica el ICE su insistencia, hasta ahora, en construir la planta el Diquís?
