Escuchar“Si hubo denuncias, llamadas, avisos y el PANI no hizo nada, alguien tiene que responder y dar cuentas”, dijo el presidente, Rodrigo Chaves, sobre el parto de una niña de 13 años cuya hijita de 9 meses fue secuestrada en Cervantes de Alvarado. El embarazo de una pequeña de esa edad acusa una violación sin importar las circunstancias.
Gloriana López Fuscaldo, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia y ministra de la Niñez, permaneció al lado del mandatario mientras él exigía una investigación exhaustiva, pero declinó referirse al tema aduciendo temor a entorpecer las pesquisas. Ni siquiera quiso confirmar si el Patronato recibió la denuncia obligatoria del centro médico.
El silencio es revelador. Si el miércoles la ministra ignoraba la reacción del hospital, la diligencia efectuada frente a un caso de tanta gravedad queda en entredicho. El secuestro ocurrió el domingo y la edad de la madre trascendió públicamente desde el primer momento. La ministra debió preguntar, de inmediato, si los involucrados siguieron el protocolo establecido el día del alumbramiento o cuando supieron del embarazo.
Si actuó con ese mínimo de diligencia, no había motivo para negar la información a los periodistas. En nada podría entorpecer la investigación revelar si el hospital cumplió su obligación. Si no lo hubiera hecho, las responsabilidades del PANI y sus funcionarios quedan a salvo, por lo menos en cuanto a la reacción esperada con respecto al alumbramiento. Si el hospital actuó con apego a la ley, confirmarlo difícilmente afectaría las indagaciones internas. Más bien, sería el punto de partida.
La única razón para negarse a responder es una inconfesa preocupación por la reacción institucional y la forma en que se refleja sobre la propia ministra. Cuando exigió sentar responsabilidades, el presidente no dijo si se conformará con señalar a los responsables directos de la inacción o irá más allá para establecer, incluso, responsabilidades políticas de la jerarquía.
A los reporteros de La Nación no se les hizo difícil obtener la versión del hospital Max Peralta. Una llamada telefónica produjo la pronta confirmación de la denuncia planteada al PANI apenas se dio el primer contacto con la niña embarazada. En ese instante, dijo la doctora Krisia Díaz Valverde, directora del centro médico cartaginés, el personal activó los protocolos establecidos por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y envió las alertas necesarias para la protección de madre e hija. Según documentos en poder del hospital, el PANI autorizó la salida de ambas. En ese momento, las autoridades médicas emitieron recomendaciones para el abordamiento interinstitucional del caso.
Randall Álvarez, gerente médico de la Caja, tampoco encontró inconvenientes para confirmar el apego del hospital cartaginés al lineamiento para la atención de menores de edad, el Código de la Niñez y la Adolescencia y los lineamientos para la atención integral de adolescentes.
Ni él ni la doctora Díaz afectaron la investigación en curso, pero sí señalaron el camino para establecer las responsabilidades exigidas por el mandatario. Si la información proporcionada por ellos es correcta, el PANI fracasó de forma estrepitosa y la ministra, en vez de tender cortinas de humo, debería dar un paso al frente.
Para negarle al país la información que apunta a las responsabilidades de su despacho, la funcionaria aseguró que el PANI trabaja en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial y “la información que se brinde a la opinión pública está sujeta a lo que determinen el OIJ y la Fiscalía Adjunta de Cartago”. Si ese hubiera sido el caso cuando la institución recibió la denuncia del hospital, quizá el violador habría terminado en la cárcel y la desaparición de la bebé no habría sucedido.
