Un grupo de diputados decidió jugar para la gradería y desperdiciar el tiempo del Congreso en la presentación de un proyecto de ley para negar el matrimonio igualitario a las parejas del mismo sexo y establecer, en su lugar, las uniones civiles. Esos eran los polos del debate antes del inequívoco pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tan decisivo en el proceso electoral del 2018. Todavía después de la opinión consultiva había espacio para discutir si su contenido era directamente vinculante, aunque la jurisprudencia de la Sala Constitucional así lo había establecido. Pero los magistrados no tardaron en pronunciarse en línea con la opinión de la corte continental y, a partir de ese instante, ya no hay duda.
Los magistrados instaron a la Asamblea Legislativa a hacer los ajustes necesarios a la legislación para dar cabida al matrimonio igualitario, no a las uniones civiles. Transcurrido el plazo para hacer las enmiendas, las parejas del mismo sexo podrán contraer matrimonio y las leyes vigentes no podrán ser invocadas contra el ejercicio de ese derecho.
Esa es la realidad y no hay marcha atrás. Si el proyecto de ley de uniones civiles fuera aprobado por unanimidad, seguiría siendo inconstitucional. Si el Congreso reformara la Constitución Política para prohibir el matrimonio igualitario, la reforma sería, paradójicamente, inconstitucional.
Aún más, si hubiéramos escogido desatender la opinión consultiva, la condena de la Corte Interamericana, en sede jurisdiccional, habría sido inminente. Después de la opinión consultiva, la presentación de una queja ante la Comisión Interamericana para acceder a la Corte habría sido cuestión de semanas porque en el país no faltan parejas interesadas en cambiar el statu quo ni abogados dispuestos a asesorarlas.
Ni siquiera el voto mayoritario de los ciudadanos decide la cuestión. Así lo estableció la propia Sala IV cuando impidió la celebración de un referendo sobre la materia. “Los derechos de las minorías que surgen de reivindicaciones contramayoritarias no pueden ser sometidos a un proceso de referendo donde se imponen las mayorías”, dijeron los magistrados.
Los promotores del proyecto de ley lo saben. Si no lo supieran, el motivo de preocupación sería aún mayor. Ya no estaríamos ante un lucimiento inútil, con plena conciencia del seguro fracaso, sino frente a la más inexcusable ignorancia del marco jurídico democrático y republicano. En ese caso, tendríamos derecho a esperar un buen consejo del ejército de asesores de la Asamblea Legislativa para justificar sus salarios.
Ya no se trata de la opinión de cada cual sobre el matrimonio igualitario, sino de la voluntad de respetar el marco constitucional y reconocer su majestad. Los diputados tienen, además, el deber de conducirse con sentido de la eficiencia y economía de los recursos estatales.
La inutilidad del esfuerzo se magnifica al leer las disposiciones específicas de la ley, algunas fundadas en razones evidentemente absurdas y todas claramente discriminatorias. El proyecto niega a los extranjeros unidos a un nacional del mismo sexo el derecho de naturalizarse costarricenses como sucede con los heterosexuales. También dispone la creación de una Sección de Inscripciones de Uniones Civiles en el Registro Civil y no reconoce las obligaciones alimentarias (pensión) impuestas a los cónyuges y convivientes de hecho, sino una “compensación económica” pagadera cuando la relación termine.
Esas y otras distinciones contenidas en el proyecto de ley reafirman su distancia del trato igualitario exigido por la Corte Interamericana y la jurisprudencia de la Sala Constitucional. ¿Para qué insistir en transitar por esa senda? Son cosas de la política electoral.
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