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El proyecto de ley para vender el Banco de Costa Rica (BCR) representa un intento de escapar a los controles establecidos para asegurar el correcto manejo de la cosa pública, declaró la contralora general de la República ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
La viabilidad de la iniciativa siempre estuvo en duda, precisamente por los mecanismos elegidos para ejecutar la transacción. Las declaraciones de la contralora profundizan esos cuestionamientos al punto de alejar toda posibilidad de aprobación por las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa.
La asignación al Consejo de Gobierno del proceso de subasta suscitó cuestionamientos desde el primer día por las implicaciones para la transparencia requerida por una operación de tanta envergadura. Ahora, la contralora añade un motivo adicional para dudar de la propuesta, y es la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la naturaleza política del Consejo de Gobierno y su incapacidad de actuar como órgano de administración activa.
Del Consejo de Gobierno saldría también el comité de cinco ministros (Hacienda, Presidencia, Planificación, Economía y Trabajo) encargados de contratar la asesoría necesaria mediante simples entrevistas, sin acudir al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), sin observar los mandatos de la Ley de Contratación Administrativa.
La lista de observaciones incluye la ausencia de parámetros para definir la comisión de la asesoría, la falta de un plazo para la recepción de ofertas y las reglas para la presentación de recursos contra el procedimiento. El proyecto fija un mes a la Contraloría para resolver los recursos de oferentes disconformes con la subasta de las acciones del Banco. Si no contesta en ese lapso, “su silencio implicará el rechazo de la apelación”.
El proyecto también carece de un sistema de control adecuado para el traslado de activos entre el BCR como institución autónoma y la sociedad mercantil cuyas acciones serían vendidas. Una operación estimada en ¢1,2 billones por la presidencia y en $2.000 millones por el Ministerio de Hacienda exige mayores cuidados, pero la fuga de los controles se ha venido confundiendo, desde hace décadas, con ejecutividad y eficiencia.
Cuando los proyectos fracasan, se ha hecho costumbre culpar a los controles. En realidad, la mayor parte de los traspiés obedecen a una mala ejecución administrativa. Carteles mal diseñados, procedimientos precipitados e inobservancia del marco legal están entre los principales factores señalados a lo largo de los años por las entidades encargadas de la supervisión, especialmente la Contraloría.
Si la venta del BCR fracasa, no será culpa de la Asamblea Legislativa, ni de la Contraloría y mucho menos de la Sala Constitucional si el proyecto no pasara su escrutinio. Los motivos podrán encontrarse en ese intento de escapar a los controles para hacer trámites más expeditos y, a la larga, riesgosos para el interés público.
Por lo pronto, la iniciativa solo ha conseguido despertar la oposición de sectores contrarios a la venta de activos sin provocar el entusiasmo de quienes apoyan este curso de acción. Incluso entre estos últimos hay quienes rechazan la idea por la forma. Si el Ejecutivo decide insistir, sus posibilidades de éxito dependería de un replanteamiento de la iniciativa.
Aun así, subsistirían las objeciones relacionadas con la finalidad del proyecto de ley. El gobierno promete emplear los fondos para pagar deuda pública, pero no existe una valoración satisfactoria del impacto de la venta del BCR sobre las obligaciones nacionales y la Contraloría echa de menos otras iniciativas en cuya ausencia la venta de activos sería “parcial y cortoplacista”. Esa discusión también está pendiente.
