Con justa indignación el país atestiguó el engaño perpetrado contra un hombre de 82 años en el Ebáis de Tres Ríos de La Unión, provincia de Cartago. Un video capturado por el hijo de la víctima muestra la introducción de la aguja en el brazo del anciano, pero no la inyección del fármaco contra la covid-19.
La Policía investiga el propósito del engaño para esclarecer las motivaciones concretas, más allá de la obvia intención de apartar, para otros fines, una dosis no suministrada. El menosprecio por la vida de una persona con factores de riesgo en el peor momento de la pandemia es un acto de inhumanidad inaceptable. Hasta ahora, no sabemos si hay más víctimas.
A la primera oleada de indignación siguió otra, igualmente justificada, cuando se supo de la suspensión, con goce de salario, del funcionario involucrado. La ley no permite otra cosa; sin embargo, debería cuando la prueba es tan formidable. Existe el video y el testimonio de quien lo tomó, un hijo del paciente. Existe también la versión de quienes inmediatamente relevaron al empleado público de sus ocupaciones y lo alejaron del sitio de vacunación. Las propias autoridades de Salud aceptaron el engaño cuando pidieron a la víctima presentarse el día siguiente para vacunarla como debió suceder en el primer momento.
Las normas sobre despidos y medidas disciplinarias en el sector público deben ser revisadas para erradicar la concesión de vacaciones pagadas a quienes incurran en faltas tan censurables. Las garantías brindadas por el ordenamiento jurídico deben cobijar a todos por igual, sin renunciar al sentido común en ningún caso.
En video, CCSS muestra el paso a paso de la colocación adecuada de la vacuna contra covid-19
Quien haya cometido la injusticia registrada en el video merece la sanción más severa y ni un solo céntimo del público. Burló la buena fe de un anciano para ponerlo en peligro de enfermedad y muerte. Pudo haberle infundido a él y a sus familiares la falsa seguridad de una inmunidad inexistente. Cuando se reveló lo sucedido, puso en duda la eficacia de una campaña de vacunación indispensable para el progreso sanitario y económico del país.
El daño es enorme y entre los perjudicados está el personal médico, a cuyo esfuerzo debemos la preservación de muchas vidas durante la pandemia. A ojos de los ciudadanos, el incidente proyecta una sombra sobre esa abnegada labor. Es una injusticia y una enorme ingratitud. El país debe estar agradecido con su cuerpo médico y todo el personal auxiliar, especialmente los llamados a la primera línea de la lucha contra la covid-19. No pocos han dado sus vidas sirviendo a sus semejantes.
Todo manejo irregular de las vacunas contra la covid-19 debe ser investigado hasta las últimas consecuencias y, de comprobarse, la única respuesta posible es la sanción más severa. Abundan razones humanitarias y sanitarias para justificar una reacción sin contemplaciones. En vista de lo ocurrido en Tres Ríos, la Caja Costarricense de Seguro Social haría bien si revisa los procedimientos para identificar carencias, si las hubiera. Un programa de vacunación apresurado y masivo difícilmente dejará de tener grietas expuestas a la mala fe, pero quizá haya medidas aptas para minimizar las irregularidades.
En varios países latinoamericanos los escándalos surgidos en torno a las campañas de vacunación siembran desconfianza y alientan el cinismo. Hasta ahora, Costa Rica se ha librado de esos cuestionamientos y un caso, o varios, no bastan para poner en entredicho un esfuerzo bien conducido. Para preservar la credibilidad, lo sucedido en Tres Ríos debe ser investigado con prontitud y transparencia, así como otros del mismo corte que pudieran surgir en el futuro.
