Este domingo se cumplen dos semanas de la celebración de sus elecciones generales y todavía los hondureños no cuentan con un resultado final. Aunque ha sido escrutado el 99,4% de las mesas, no es posible declarar un ganador, ni siquiera de manera extraoficial. Las razones abundan: la diferencia entre los dos candidatos punteros es muy estrecha; las actas con inconsistencias, que deben ser revisadas, equivalen al 12% del total; se acumulan denuncias de irregularidades, y ha existido gran desconfianza en la transmisión de datos y en el conteo realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según los datos más recientes, Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN), a quien Trump dio su apoyo explícito, aventaja por 42.407 votos (40,53% del total) a Salvador Nasralla, del Liberal (PL), que acumula el 39,21%. Ambos representan a las dos agrupaciones políticas tradicionales del país, con tendencias de derecha. El tercer lugar lo ocupa, a mucha distancia, Rixi Moncada, candidata oficialista de Libertad y Refundación (Libre), con 19,30%.
Además de la presidencia, el 30 de noviembre estuvieron en juego tres designados presidenciales (vicepresidentes), las 128 diputaciones para el Parlamento nacional, 20 para el Centroamericano y 298 alcaldías. La principal bancada de diputados, aunque lejos de la mayoría, corresponderá al Partido Nacional, seguido por el Liberal y Libre. Los dos primeros acapararon también el grueso de las alcaldías.
Junto a estos resultados en el ámbito legislativo y municipal, la única conclusión certera que puede sacarse hasta ahora es que los electores rechazaron de manera contundente el desempeño de Castro y su partido. Razones tuvieron, por su incapacidad para abordar con mediano éxito los graves problemas del país, por sus coqueteos con el populismo de izquierda y el llamado “socialismo del siglo XXI”, y por reiteradas denuncias de corrupción hacia funcionarios de gobierno.
Nada de lo anterior, sin embargo, justifica los inaceptables intentos intervencionistas de Trump. Se manifestaron el viernes previo a la elección, mediante un mensaje en su red digital TruthSocial. Por un lado, no solo respaldó a Asfura, sino que prometió dar gran apoyo al país si ganaba y amenazó con no hacerlo si perdía. Por otro, anunció el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, también del Partido Nacional, quien gobernó entre 2014 y 2022, y cumplía una condena de 45 años por narcotráfico.
Inaceptable como es, resulta difícil estimar cómo su intervencionismo puede haber afectado la voluntad de los electores. Quizá el apoyo a Asfura inclinó a algunos a su favor, mientras el indulto a Hernández, quien es sumamente impopular en el país, pudo tener el efecto contrario. Sí es muy posible que se haya sumado, como posible elemento deslegitimador de cualquier resultado, al que realmente cuenta: la cuestionable naturaleza y errático desempeño del CNE.
A diferencia de nuestro Tribunal Supremo de Elecciones, integrado por magistrados independientes y no partidistas, elegidos por la Corte Suprema de Justicia, los de Honduras son representantes de los partidos. Por ello, aunque se esfuercen por actuar con probidad y objetividad –algo no garantizado– siempre habrá un manto de duda sobre sus reales lealtades y conductas. Si a ello se suman descalabros en la recepción y cómputo de votos y un desenlace tan estrecho, el impacto es en extremo grave, y da pie para justificadas dudas o declaraciones temerarias, como las de la presidenta Xiomara Castro.
Esta es una lección que debemos valorar, con tranquilidad y orgullo, durante nuestro propio proceso electoral. La fortaleza y reconocimiento del TSE, así como la confianza que genera, no solo es reflejo de la sabiduría de los constituyentes que, en 1949, establecieron su diseño institucional, sino también de la seriedad y rigor con que sus integrantes, a lo largo de tantas décadas, han ejercido su labor.
Hasta ahora, a pesar de los múltiples contratiempos, dudas y rechazos, Honduras ha mantenido la paz. Esto es positivo, y ojalá se mantenga. Pero quienquiera que, al final, sea declarado ganador, no solo deberá lidiar con los desafíos internos y externos del país, entre los cuales el narcotráfico es particularmente grave, sino también con un déficit de credibilidad que lo acompañará durante su mandato. Un buen desempeño podrá superarlo parcialmente. De lo contrario, el deterioro democrático se acelerará, con graves consecuencias en ámbitos múltiples.
