El ministro de Educación, Edgar Mora, comienza a correr el velo del negocio de la infraestructura educativa. La transparencia revela un panorama desolador del cual La Nación ha venido informando a lo largo de años. Contamos hoy con datos alarmantes, tanto más porque son apenas preliminares.
A manera de abrebocas, el Ministerio confirmó la concentración de contratos en cabeza de un puñado de profesionales y empresas. Entre el 2015 y el 2017, las juntas de educación emplearon a más de 170 profesionales para supervisar obras, pero una docena de ellos acaparó la tercera parte de los contratos. La gran mayoría tuvo a cargo dos proyectos, pero algunos de los 12 llegaron a tener hasta 30, un número imposible. En promedio, los 12 supervisaron 13 proyectos y tuvieron a cargo 159 obras de construcción y reparación de un total de 517. La magnitud de las contrataciones se comprende mejor al enunciar el costo de las 517 obras: ¢129.000 millones.
Según el ministro, en la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP "se han atravesado intereses espurios, representados por individuos y grupos que han operado desde adentro y desde afuera”. Esos intereses, dice el ministro, “tienen que ver con la oportunidad de asignar y recibir la asignación de contratos. Tienen que ver con dinero, y se manifiestan en malas prácticas, como proyectos sobrestimados en muchos millones de colones, asignación excesiva, recurrente y acumulativa de proyectos a un mismo proveedor y modelos de operación que son o se parecen mucho a prácticas irregulares, entre ellas, el traslado de recursos presupuestarios sin vinculación a un proyecto real”.
La apretada síntesis hecha por el funcionario deja poco a la imaginación, salvo la necesidad de representarse las razones de tanta indiferencia durante tantos años de malos resultados. La infraestructura ha venido sufriendo deterioro. Cientos de centros educativos encaran órdenes sanitarias y hay casos emblemáticos de la inoperancia: los daños causados por el terremoto de Nicoya, en el 2012, todavía no han sido plenamente reparados. Sin embargo, en el 2017, con los malos resultados a la vista, el 95 % (175 de 184) de los proyectos impulsados por la DIEE se hicieron mediante contrataciones abreviadas, ayunas de los controles propios del procedimiento ordinario, como lo señalamos en nuestro editorial de ayer.
No hay razón para sorprenderse por el hallazgo de presupuestos exagerados, cuestionables contrataciones entre las juntas y profesionales externos, extravío de información, irregularidades en la compra de terrenos y descontrol de los recursos asignados a los centros educativos, según el inventario de anomalías dado por Andrea Obando, nueva jefa de la DIEE. “Hay juntas con recursos asignados, pero cuando solicito el expediente del proyecto, no tienen; entonces, cuando pregunto por qué se les dio la plata, me responden ‘no sé’”, dijo la funcionaria.
Un vistazo a las deficiencias de la infraestructura educativa y a sus víctimas, especialmente jóvenes y niños, pero también maestros y funcionarios administrativos, demuestra la urgencia de alinear la DIEE con los verdaderos objetivos del Ministerio. Esa labor incluye el establecimiento de responsabilidades de toda índole porque las anomalías develadas por la nueva administración no solo la comprometen a una rectificación inmediata. La persecución administrativa y judicial de quienes hayan incurrido en anomalías es, también, un deber ineludible. Su fiel cumplimiento presupone la revisión exhaustiva de las operaciones ejecutadas en los últimos años porque hasta ahora solo hay un examen al azar.
