No satisfecha con su brutal arremetida represiva en Nicaragua, la dictadura bicéfala de Daniel Ortega y Rosario Murillo la ha extendido con intensidad a los opositores –o personas percibidas como tales– que residen en otros países. Entre ellos está Costa Rica.
La deriva dictatorial de la pareja gobernante se desató sin recato alguno a partir de las masivas protestas de 2018. Desde entonces, ha arreciado y se ha diversificado en su metodología; también en su perversidad. Una de sus herramientas es la represión transnacional. Se trata de aquella que no respeta fronteras ni jurisdicciones nacionales para atemorizar, vigilar, perseguir, agredir y hasta asesinar a presuntos enemigos.
Los casos documentados en el país, incluidos atentados armados, son múltiples, como se verá adelante. En ninguno han existido elementos de prueba con suficiente contundencia para trazar su autoría intelectual hasta la pareja Ortega-Murillo. Sin embargo, los blancos escogidos, los métodos utilizados y otras evidencias circunstanciales dejan poca duda sobre su responsabilidad.
El jueves 18 de setiembre comenzó en el Segundo Circuito Judicial de San José el juicio por el atentado contra el dirigente opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Montero. Ese día fue leída la acusación de la Fiscalía, y el debate comenzó el lunes siguiente. El proceso aún no ha concluido.
El hecho ocurrió en la mañana del 10 de enero de 2024, cuando ambos fueron atacados a balazos por dos sicarios en motocicleta, mientras circulaban en un automóvil por la principal avenida de San Pedro de Montes de Oca. El único imputado es un costarricense de apellido Jacobo, uno de los dos presuntos autores materiales. De los responsables intelectuales no se sabe nada.
El 19 de junio de 2025, Roberto Samcam, mayor retirado del ejército sandinista, fue acribillado con ocho balazos en el apartamento de Moravia donde vivía junto a su esposa, Claudia Vargas. En setiembre de ese año, el fiscal general, Carlo Díaz, declaró que una de las hipótesis apuntaba a una orden proveniente de Nicaragua. Añadió que llegarían hasta las últimas consecuencias para “determinar quiénes ordenaron este homicidio”.
Está abierta una causa contra los cinco presuntos autores materiales. Sin embargo, a inicios de este mes, el Ministerio Público decidió archivar el caso sobre la autoría intelectual. Motivo: no existen pruebas suficientes para continuar con esa investigación.
El 14 de setiembre, Reinaldo Picado Miranda, exmilitar de la resistencia nicaragüense, fue atacado a balazos mientras arreglaba el portón de una casa en San José. Sufrió múltiples heridas. En junio había sobrevivido a otro atentado.
El 21 de setiembre, varios sujetos armados y cubiertos con pasamontañas trataron de ingresar por la fuerza en la vivienda de Hanssel Vásquez Ruiz, periodista y expreso político que debió abandonar Nicaragua por la persecución del régimen. Fracasaron en el intento.
Tres días después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Vásquez y otros nueve exiliados nicaragüenses en Costa Rica, por considerar que “los derechos a la vida e integridad personal de las personas beneficiarias están en grave riesgo”. Aunque reconoció que en el país existen mecanismos institucionales de protección, pidió a las autoridades evaluar de forma integral e individualizada el riesgo para cada una de esas personas y definir mecanismos de protección eficaces”.
El empleo sistemático de la represión transnacional como política de la dictadura nicaragüense ha sido documentado en múltiples ocasiones por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su informe más reciente, emitido el 13 de agosto, le dedica su capítulo V. En él detalla algunos de los hechos señalados anteriormente. También se refiere, en un sentido más general, al retiro de la nacionalidad a centenares de personas, la denegación de pasaportes y certificados de nacimiento y el asedio de familiares en Nicaragua.
Por sentirse inseguros en Costa Rica, algunos connotados opositores y periodistas han optado por trasladarse a otros países. Esto refleja no solo la capacidad represiva de la dictadura nicaragüense, sino también la carencia de suficientes medidas de protección por parte de nuestras autoridades. Es algo que debería ser corregido con rapidez.
Sabemos que los recursos son pocos y las prioridades, muy diversas. Sin embargo, no podemos descuidar que están de por medio las vidas de muchas personas y, también, compromisos internacionales que debemos atender.