16 noviembre, 2017

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) maneja un presupuesto de ¢130.000 millones para ofrecer una formación profesional rechazada por el mercado. Solo el 25 % de los graduados consiguen empleo en la especialidad estudiada. La frustración personal, además de las repercusiones del fracaso en el desarrollo nacional, son enormes. Todo eso para no mencionar el desperdicio de una porción tan apreciable del gasto social.

Inquieta por los resultados, la institución confía en una consultoría de ¢450 millones para orientarse mejor en el futuro, pero no hace falta tanta inversión para poner en duda la utilidad de los cursos de ordeño, ahora que esa actividad se hace por medios mecánicos. Cuando es absolutamente artesanal, el conocimiento necesario para extraer la leche se pasa de generación en generación a tempranas edades. Aun abonándole al curso los aspectos de higiene y manejo del producto, su necesidad es cuestionable.

El año pasado, la institución formó a ocho estudiantes como retratistas y a otros cinco los capacitó para hacer los artes finales necesarios para la impresión flexográfica, pero el contenido de los cursos con más sentido práctico y demanda en el mercado laboral también está en duda. La propia institución, en su informe sobre la Modernización de la formación profesional en Costa Rica, afirma: “Pese al elevado presupuesto institucional, la infraestructura, los recursos humanos y la amplia misión institucional, la definición y entrega de servicios que efectúa el INA en la actualidad no se adecua de la mejor manera a las demandas de los sectores productivos del país”.

Ese diagnóstico, publicado en setiembre, es el mismo divulgado por el sector empresarial desde hace más de una década. Las quejas no solo se refieren a la formación de estudiantes en campos donde no hay demanda, sino a las habilidades adquiridas en áreas donde sí hace falta personal. Los hoteleros, por ejemplo, están insatisfechos con la formación en materias relacionadas con su giro, dice Jorge Luis Araya, subdirector ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

La institución, necesitada de una cara consultoría para saber por qué está tan lejos de alcanzar sus objetivos, graduó en el 2016 un 40 % menos estudiantes que en el 2009, pero en prácticamente el mismo periodo, su presupuesto aumentó un 45 %. El personal también ha crecido y, en muchos casos, hay docentes dedicados a otras labores por falta de estudiantes interesados en sus cursos.

Lejos de encarar esos problemas, el gobierno decidió convertir al INA en un bastión de la “economía social solidaria” promovida por el diputado Víctor Hugo Morales Zapata, hasta hace poco uno de los hombres de confianza del presidente. La “solución” de la administración Solís para los problemas del INA, al parecer, consiste en incorporar la formación ideológica a los programas de estudio.

Para el presidente ejecutivo Minor Rodríguez, la falta de inserción en el mercado laboral del 60 % de los alumnos desempleados al terminar sus estudios es un misterio. Quizá la distancia entre las necesidades de los empleadores y la formación impartida por el INA se explique, aunque sea en parte, por la orientación ideológica del programa impulsado por el propio Rodríguez a inicios del gobierno.

El documento titulado La economía social solidaria como instrumento de desarrollo inclusivo y sostenible, utilizado para la formación de docentes, declara: la “empresa de capital tiene poca o ninguna conciencia crítica del trabajador” y propone “ajustar la oferta de servicios de capacitación y formación profesional” en consonancia con las necesidades de la llamada economía social solidaria. Mientras el INA no sea manejado con criterios pragmáticos, alineados con su misión de servir para la inclusión económica de los sectores más pobres y menos educados, no cesará el desperdicio de recursos públicos y la frustración de los alumnos.