Los problemas fiscales del gobierno son complejos y su solución requiere apoyo y contribución de todos los actores económicos, políticos, sociales y académicos. La oposición por la oposición misma nada aporta, enrarece el ambiente y desvía la atención de propuestas serias, concretas y cuantificables. El simple rechazo al planteamiento inicial del gobierno ignora una realidad básica: el país debe llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional so pena de mayores desequilibrios. Por eso, es indispensable una discusión de altura.
El déficit fiscal no puede solucionarse únicamente con base en nuevos impuestos, pero tampoco es factible solucionarlo con solo recortar el gasto. La primera medida es por definición recesiva y la segunda afecta los sectores más necesitados y sin verdadera representación en la Asamblea Legislativa. Los privilegios concedidos a una parte del sector público y los beneficios que gozan ciertos grupos del campo privado, como las cooperativas y otras actividades económicas protegidas, van en detrimento de los servicios requeridos por los más pobres, también golpeados por los desequilibrios económicos cuando se presenta, por ejemplo, la inflación.
Nos referimos a los desempleados, a quienes se encuentran en pobreza o pobreza extrema, a quienes trabajan en la informalidad, sin cobertura del sistema de seguridad social, a los adultos mayores sin pensión o a la población sin educación técnica o universitaria, que ve frustradas sus aspiraciones de encontrar trabajo por el pésimo desempeño de la economía. El verdadero apoyo para ellos depende de la reforma del Estado y la recuperación de la economía.
La economía ha tenido crecimientos raquíticos en los dos últimos años. Creció un 2,66 % en el 2018 y un 2,08 % en el 2019. Ese ritmo es inaceptable para fortalecer nuestra sólida tradición democrática y nuestros logros sociales y educativos. No puede taparse el sol con un dedo: la relación entre el pobre crecimiento y los problemas fiscales es obvia. El bajo crecimiento inevitablemente acusa el impacto del aumento de la carga impositiva a partir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el año pasado.
Por eso, abordar el déficit fiscal como un problema de flujo de caja es un grave desacierto. La solución del déficit en un país como el nuestro exige crecimiento económico. Es una verdad de Perogrullo, pero la olvidamos con demasiada frecuencia, tanto como la imposibilidad de tener una economía sana con un aparato estatal hipertrofiado y repleto de excesos.
La pandemia y el lugar preeminente de los esfuerzos sanitarios no deben dejar rezagada la preocupación por la economía. Es del dinamismo económico de donde saldrán los recursos necesarios para superar los retos de la covid-19. Un liderazgo acertado del equipo económico debe tenerlo siempre en cuenta.
Si el gobierno comete el error de insistir en un plan para reducir el déficit como si fuera un problema de flujo de caja, sin propuestas concretas para reactivar la economía y reformar el sector público, volveremos a estar en la misma situación a la vuelta de los años.
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