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Los veranos y la influencia de fenómenos climatológicos como El Niño nos recuerdan, con periodicidad, la crítica situación del abastecimiento de agua, disimulada el resto del año por la relativa abundancia en la mayor parte del territorio nacional. Este año, más de un millón de personas sufrirá racionamientos a lo largo del primer semestre, en muchos casos hasta de doce horas diarias, en la Gran Área Metropolitana, la vertiente del Pacífico y hasta en Pérez Zeledón.
El Niño y la estación seca agravan problemas estructurales del manejo del recurso hídrico, en particular el uso desordenado del suelo –sin considerar las necesidades de recarga de los acuíferos– y el limitado desarrollo de la infraestructura para el abastecimiento. Como en tantas otras áreas, la falta de planificación nos pasa la cuenta y es muy alta para la calidad de vida y el desarrollo económico.
Apenas hace falta señalar el sufrimiento de las comunidades desabastecidas. La falta de agua altera la vida cotidiana de muchas formas y crea riesgos para la salud. En el campo del desarrollo, un suministro confiable es esencial para atraer inversiones y zonas, como El Coyol de Alajuela, donde industrias establecidas reconsideran planes de expansión y otras se mantienen alejadas por temor a la escasez.
Entre las razones del problema hay factores culturales de capital importancia. Los hábitos de consumo irracional se perpetúan y alimentan de una estructura tarifaria generosa. El robo de agua mediante tomas ilícitas también contribuye al desperdicio, así como el deterioro de tuberías instaladas hace décadas y plagadas de fugas.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presupuestó ¢2.300 millones para enfrentar contingencias en los próximos meses, pero eso no librará del problema a habitantes del Pacífico y el Valle Central, donde hay comunidades acostumbradas a sufrir desabastecimiento hasta en los mejores años.
El AyA maneja directamente el 60% del suministro. El resto está en manos de más de 1.500 Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asadas) y 28 acueductos municipales. No hay criterios unificados para la gestión de un servicio tan esencial a lo largo y ancho del país y, si los recursos del Instituto resultan insuficientes, las capacidades de las administraciones locales son mucho más modestas. Un reducido porcentaje ofrece servicios aceptables y la mayoría no funciona en el marco legal establecido, que exige un convenio de delegación del AyA.
Aparte de la necesidad de infraestructura, AyA enfrenta el titánico reto de precisar las condiciones de la red de suministro, un elemento indispensable para la protección de las nacientes y la promoción del uso racional. Sin coordinación ni políticas uniformes, el problema del desabastecimiento aumentará en el futuro, bajo presión del desarrollo y el temido cambio climático, a cuyos efectos estamos más expuestos que otras regiones del planeta. Esa circunstancia debe incorporarse a la planificación, pero la mayor parte de los cantones carece de planes reguladores u opera con normas desactualizadas, con inadecuadas consideraciones sobre el recurso hídrico.
Esfuerzos estatales, como la inversión de ₡33.000 millones en el desarrollo de nuevos acueductos y otras mejoras en Guanacaste, una de las provincias más castigadas, o la aprobación de una ley para aprovechar fuentes en áreas protegidas cuando se cumplan determinadas circunstancias, son muy importantes, pero es indispensable integrar las necesidades y soluciones en un solo planteamiento de alcance nacional, con autoridad suficiente para someter a sus directrices a todas las instituciones involucradas.
