EscucharDurante la semana que concluye, tres hechos pusieron de manifiesto el creciente aislamiento de Israel. Las connotaciones de cada uno son diferentes, pero en conjunto representan un severo llamado de atención al gobierno de Benjamin Netanyahu; también, a la sociedad israelí, porque de ella dependen, en última instancia, sus gobernantes. Si no atienden adecuadamente sus implicaciones, las consecuencias serán en extremo negativas.
El lunes 20, mediante dos alegatos emitidos simultáneamente, Karim Khan, fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitó a un panel de jueces del organismo emitir órdenes de captura contra Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Galant, y tres altos dirigentes del grupo terrorista Hamás. Su petición la basó en que existen “motivos razonables” para suponer su responsabilidad en crímenes de guerra, aunque por cargos distintos.
El miércoles 22, los gobiernos de España, Irlanda y Noruega anunciaron su decisión de reconocer al Estado palestino como entidad independiente. Es algo ya decidido por otros 140 gobiernos, incluido el de Costa Rica y la Santa Sede. Pero la suya es la primera decisión en tal sentido tomada por países de Europa occidental, y puede abrir el camino para que otros se inclinen por la misma ruta.
El viernes, ante un pedido de Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel “frenar de inmediato” su ofensiva en Rafa, ciudad al sur de la Franja de Gaza, convertida en refugio para más de un millón de civiles palestinos desplazados por otras acciones militares. También le ordenó reabrir el paso desde Egipto y permitir el ingreso de alimentos y suministros médicos “urgentemente necesarios” para atender a la población gazatí.
Varios días antes, el 10 de este mes, por 143 votos a favor (incluido el de Costa Rica), 25 abstenciones y apenas 9 en contra, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó la admisión de Palestina como Estado miembro de la organización. No sucederá, porque todo ingreso requiere la aprobación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos ha ejercido el veto. Sin embargo, la resolución concedió a la representación palestina —actualmente “observadora”— una serie de considerables privilegios diplomáticos: sentarse en orden alfabético en la sala de sesiones; hablar sobre cualquier tópico, no solo asuntos que les toquen directamente; plantear propuestas y enmiendas; y participar en conferencias y reuniones internacionales organizadas por la Asamblea y otros órganos de la ONU.
Israel no reconoce la jurisdicción de la CPI, que ventila posibles responsabilidades penales individuales; sin embargo, Palestina sí la acepta, por lo cual el organismo tiene base para actuar ante hechos ocurridos en sus territorios, como Gaza. Es una interpretación que se puede cuestionar, lo mismo que el pedido de órdenes de captura contra miembros de un régimen democrático con un sistema de justicia independiente, como Israel. Sin embargo, más allá de esto, lo cierto es que el impacto del pedido formulado por el fiscal Khan pone a Netanyahu, Galant y el gobierno de que forman parte en una posición en extremo comprometedora.
Israel, en cambio, sí es parte de la CIJ. Por esto, su gobierno está legalmente obligado a acatar su exigencia de que cese la ofensiva contra Rafa, así como medidas cautelares emitidas anteriormente, también a petición de Sudáfrica. De no hacerlo, entraría en violación directa de obligaciones internacionales. Por algo Josep Borrell, comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, dijo que la decisión, de ser irrespetada, forzaría al bloque a escoger entre apoyar el “imperio de la ley” internacional o Israel.
El derecho que tienen los israelíes a la defensa de su territorio y sus vidas es incuestionable. Sin embargo, puede ejercerse de muchas maneras. Netanyahu y su gobierno, el más extremista en la historia del país, han optado por una estrategia punitiva extrema, con desdén por la población civil palestina. Además, no han querido estructurar un plan que, más allá de una improbable derrota total de Hamás, contemple una salida política estable al conflicto, la cual debe pasar, a mediano plazo, por el establecimiento de un Estado palestino.
De no cambiar esta ruta, difícilmente cesará el conflicto; además, cada vez se deslegitimará más a los ojos de la comunidad internacional no solo el gobierno de Netanyahu, sino también, por extensión, Israel como Estado democrático. Hasta ahora, sin embargo, la intransigencia ha sido enorme. Las consecuencias están a la vista.
