Editorial

Editorial: El CNP al desnudo

La definición legal y la justificación ideológica salieron tan maltrechas como siempre del encuentro entre diputados y defensores del Programa de Abastecimiento Institucional del CNP

La Comisión de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa fue escenario de una confrontación rayana en la comedia. La audiencia se celebró por iniciativa del comité de defensa del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción (CNP), pero, como suele suceder cuando se trata de ese programa, las contradicciones e inconsistencias afloran sin necesidad de profundizar demasiado.

Roxana Segura Quesada, una de las voceras del comité, tiene vínculos con dos empresas familiares proveedoras de carne sin criar una sola cabeza de ganado. Eso sí, no admitió la intermediación, aunque el interrogatorio del diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides la puso en evidencia.

¿Cuántas reses crian ustedes al año?, preguntó el legislador. “No tengo al año, no lo sé. Tenemos varias opciones”, fue la respuesta, seguida de una confusa explicación sobre la integración de los “microproductores” a la cadena del CNP. Haciendo a un lado la “variedad de opciones”, quedó abierta la posibilidad de que, a falta del dato al año, la empresaria supiera cuántas cabezas de ganado tiene la empresa en la actualidad. Benavides preguntó y se despejó la duda: “Ahorita estamos en un proceso, ahorita desarrollando eso. Ahorita, no tenemos”.

Si no tienen “ahorita”, quizá tuvieron, lo cual los acreditaría como criadores en algún momento. Para aclararlo, el legislador preguntó a la empresaria si sus afirmaciones implican que la empresa se dedica a revender carne. La respuesta superó las anteriores en ambigüedad: “Vamos a ver, depende del término que usted quiera utilizar en este caso, no es revender carne. Nosotros lo que utilizamos es una cadena, un encadenamiento con personas que tienen sus crías de ganado, pero que ellos no tienen el mecanismo para procesarlo”.

En vista de la nebulosa, el diputado se vio obligado a insistir: “¿Ustedes son intermediarios de carne?”. Sin admitirlo, la compareciente contestó: “Pues si usted lo quiere ver así, sí. Colaboramos en esa cadena productiva”. En síntesis, ahorita están en un proceso, pero no tienen una sola cabeza de ganado, lo cual no es obstáculo para vender carne a 163 centros educativos, 76 CEN-Cinái y 21 unidades de los Ministerios de Seguridad y de Justicia sin ser intermediarios, salvo que el diputado Benavides quiera verlo así.

La empresaria tampoco tiene claro por qué califican de “pequeña” empresa, aunque en el 2018 vendieron a las citadas instituciones ¢1.100 millones, otros ¢1.232 millones en el 2019 y ¢1.752 millones en el 2020. En ese último año, la suma asciende a ¢146 millones mensuales, casi un cuarto de millón de dólares de ese momento, aparte de las ventas a clientes particulares. La empresaria dijo desconocer la fórmula utilizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para definir la categoría de las empresas.

Las preguntas, como es obvio, se encaminaban a demostrar la incongruencia entre las empresas ligadas con la declarante y el mandato del artículo 9 de la ley del CNP, que exige dar prioridad en la contratación a micros, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas. El CNP y sus defensores siempre hablan de productores, nunca de intermediarios, y jamás de grandes volúmenes de ventas; siempre de micros, pequeños y medianos emprendimientos. Las respuestas, como también resulta evidente, se encaminaban a impedir la demostración, pero no lo lograron.

La definición legal y la justificación ideológica salieron tan maltrechas como siempre del encuentro entre los diputados y los defensores del sistema. En el 2020, de los 312 proveedores del CNP, 26, no necesariamente productores, se repartieron el 45% del presupuesto destinado a comprar alimentos para escuelas, cárceles, policías y hospitales. El 8,3% de ellos vendió ¢41.300 millones a la institución. Eso, para hablar del divorcio entre las definiciones legales, las justificaciones ideológicas y la realidad, sin mencionar las quejas por mal servicio, baja calidad y sobreprecios.

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